En el fideicomiso del río Sonora, establecido por el gobierno federal tras el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en agosto de 2014, faltó comprobar la entrega de 800 millones de pesos de los 2 mil millones comprometidos por Grupo México y hay procedimientos administrativos abiertos. Además, ese instrumento, pese a que en 2018 concluyó, está en revisión ya que no se han identificado pagos ni hay un padrón de afectados, informó Blanca Alicia Mendoza, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó atraer el caso para determinar si mediante el fideicomiso se llevaron a cabo actos de autoridad o si es privado –como la empresa lo señala–, nosotros hemos venido analizando el tema y no compartimos esta postura. Por esta razón insistimos en que la empresa debe responder.

Ayer durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó la situación del río Sonora, donde se derramaron residuos peligrosos de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, y afectaron a decenas de poblaciones al lado del cauce. A partir de ello Semarnat y la empresa acordaron establecer el fideicomiso por 2 mil millones de pesos, el cual se anunció que podría ampliar sus recursos, para resarcir el daño.

Acerca de ello, Mendoza explicó que el fideicomiso comenzó únicamente con 500 millones de pesos y al extinguirse en 2018 ejerció mil 200 millones de pesos. Mencionó que la empresa argumenta que por fuera del fideicomiso hizo erogaciones, pero el compromiso y la obligación asumida por ella fue aportar los 2 mil millones de pesos.

Agregó que este compromiso se basa en un reconocimiento de la propia empresa ante la autoridad en cuanto a que efectivamente dañó el ambiente con el derrame en sus instalaciones. Detalló que están en análisis las cláusulas y condiciones del convenio, aunque ya se extinguió en 2018.

Señaló que no fue un acuerdo de voluntades entre particulares o para resolver alguna cuestión mínima, sino que son actos de autoridad y se trata de reconocimiento de un responsable de daño ambiental, que ofreció hacer los pagos.

Agregó que entre la documentación que se ha revisado no es posible identificar la efectividad de los pagos contra recepciones, ni se muestra un padrón completo depersonas a las que les fueron indemnizados sus daños y pensamos que a esto obedece que haya grupos de la población allá en Sonora que están inconformes, la población no se inconforma por que sí. Entre los pendientes está un hospital, cuya construcción no se concluyó, pero el presidente López Obrador refirió que esa obra sí se terminará.

La Suprema Corte atrajo tres amparos sobre el fideicomiso interpuestos por los Comités de Cuenca río Sonora. Son los que cuestionan el cierre del fideicomiso, en el que se definirá si ese instrumento se puede considerar autoridad responsable o es un mecanismo privado; la remediación ambiental y la omisión a la reactivación agropecuaria.