La operación y los pagos financieros de los ocho complejos penitenciarios que se construyeron durante el gobierno de Felipé Calderón, cuando Genaro García Luna era titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, están sujetos a auditoría.

Lo anterior, debido a que el esquema de inversión público-privada, que incluía que los reos realizaran actividades para disminuir los costos de operación a cambio de bajos salarios, representa para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un desembolso anual de 22 mil millones de pesos como pago por los compromisos financieros adquiridos, a pesar de que esas cárceles están subutilizadas.

Autoridades que participan en el gabinete de seguridad señalaron que en la actualidad, las ocho prisiones federales construidas en Hermosillo, Sonora; Ocampo, Guanajuato; Gómez Palacio, Durango, Miahua-tlán, Oaxaca; Comatitlán, Chiapas; Jojutla, Morelos; Ramos Arizpe, Coahuila, y Buenavista Tomatlán, en Michoacán, tienen una ocupación que va de 21 a 50 por ciento, y la población penitenciaria sigue disminuyendo debido a los beneficios del nuevo sistema de justicia penal.

La información obtenida refiere que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) debe desembolsar 230 millones de pesos mensuales por cada una de las ocho obras para cumplir con los compromisos financieros heredados en la gestión de García Luna.

En 2012, cuando ya habían iniciado los trabajos de construcción de los ocho complejos penitenciarios –cuyo costo se estimaba en 32 mil millones de pesos en total, que se pagarían en un lapso de 15 años–, el entonces secretario de Seguriad Pública, ahora acusado de delitos contra la salud en Estados Unidos, afirmó respecto al modelo carcelario: los avances en materia penal nos han llevado a ser ejemplo internacional, pues se han tenido logros importantes, como la introducción de infraestructura, tecnología y capacitación al personal y, lo más importante, la adopción de un modelo de inversión público-privada.

En cuanto al número de internos que existen en el ámbito federal, estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social indican que entre marzo de 2018 y el mismo mes de este año disminuyó en alrededor de 4 mil reclusos, al pasar de 36 mil 486 a 32 mil 296, y la ocupación varía de 75 (Hermosillo) a 56 por ciento (Oaxaca), ya que en las prisiones la población total no llega a 17 mil reos y el resto se encuentra en cárceles estatales.

La auditoría bajo la cual se revisan los contratos de operación de los ocho centros federales considera que si el gobierno tomara el control pleno de esas prisiones, disminuiría 50 por ciento el costo actual por servicios y manutención de internos, y que no existen condiciones plenas para el desarrollo laboral de los reclusos, como se había establecido durante el gobierno de Calderón.