Aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha hecho recientemente algunos avances en casos importantes, su desempeño en general deja todavía mucho qué desear, pues el número de agresiones contra periodistas que terminan en una sentencia es mínimo y únicamente suele castigarse a los autores materiales, pero no a los intelectuales, señaló Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización Artículo 19.

En entrevista con La Jornada, indicó que en la gestión de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en la Feadle ha habido avances en casos emblemáticos e incluso en la reconfiguración de la propia fiscalía, pero esto no se ha traducido en mejora sustantiva de la situación de los periodistas que han sido víctimas de delitos, en materia de acceso a la justicia.

En términos cuantitativos, afirmó el experto, el desempeño de esta fiscalía deja todavía mucho qué desear porque las cifras ahí están: hay 99.13 por ciento de los casos que se mantienen en la impunidad, tendencia muy similar a la que se observa en las instituciones de procuración de justicia de los estados.

Para Maldonado, a escala nacional existe desdén por lograr esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. No es prioridad ni en los estados ni tampoco para la Fiscalía General de la República. Esto genera un clima propicio para que las violaciones de derechos humanos se sigan perpetuando, lo que genera una situación de constante zozobra para los periodistas atacados.

En cuanto a los factores que inciden en la casi nula efectividad de la Feadle, señaló que se trata de la combinación entre las carencias estructurales de los órganos de procuración de justicia en México –por falta de recursos humanos y económicos– y la falta de voluntad de las autoridades para resolver las amenazas y agresiones, muchas veces porque están involucrados personajes con poder político y/o económico.

Hay casos, como el de Emir Olivares (reportero de esta casa editorial), en los que las autoridades quieren retomar la protección en una lógica reactiva, pero no de prevención, y eso va minando la de por sí nula confianza en las autoridades y complica más la posibilidad de dar con los responsables de las amenazas, lamentó.