e decepcionante calificó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la declaración final conseguida a rajatabla y con dos días de retraso en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU de Cambio Climático (COP25), que se llevó a cabo en Madrid, tras casi dos semanas de negociaciones entre representantes de 196 países.

Ante las alarmantes previsiones de la comunidad científica internacional, según las cuales se ha acelerado de manera súbita el calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero (GEI) emanados por la industria, el transporte, los servicios, el comercio, la agricultura y los usos domésticos, los funcionarios reunidos en la capital española no lograron siquiera acordar medidas concretas para asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París (2015), en cuyos términos todas las partes deben limitar sus emisiones de GEI a fin de impedir que la temperatura planetaria ascienda más de 1.5 grados centígrados. Según cálculos de la ONU, los programas actuales de contención o reducción de GEI llevarían ese incremento a 3.2 grados, lo que se considera una catástrofe ambiental en toda la línea.

Por otra parte, el documento surgido de la reunión omitió toda referencia a los mercados de dióxido de carbono, el mecanismo por el cual estados y empresas intercambian sus cuotas de emisión de ese gas y que puede facilitar el cumplimiento de las metas mínimas establecidas en 1997 en Kyoto, Japón. Asimismo, los firmantes se abstuvieron de incluir en el texto los apartados sobre derechos de los pueblos indígenas y la inclusión de una agenda de género, puntos que fueron defendidos por la delegación mexicana. En realidad, la única sustancia de la declaración de Madrid fue alentar a los gobiernos a que presenten planes más ambiciosos de reducción de emisiones en la reunión 26 de la COP, programada para noviembre en Glasgow, Escocia; apenas algo más que humo.

Ciertamente, 84 países, entre ellos el nuestro, se comprometieron a presentar programas más enérgicos de reducción de GEI para el próximo encuentro, pero entre ellos no se encuentran China, Estados Unidos, India ni Rusia, responsables en conjunto de más de la mitad de los GEI que se producen en el mundo; tampoco están Japón, Brasil y Arabia Saudita, que son grandes contaminadores planetarios.

A lo que puede verse, sólo una inclusión intensiva del problema ambiental en los temarios políticos de los países (especialmente, los mencionados) puede conseguir un cambio sustancial en la indolente e irresponsable actitud de gobiernos que se niegan a admitir las evidencias científicas sobre el cambio climático –Donald Trump, por ejemplo, ha manifestado que el calentamiento global es un invento de China para ganarle la carrera comercial a Estados Unidos– y a medidas drásticas de reducción de emisiones de GEI.

Ciertamente, una atenuación significativa de los impactos ambientales generados por las actividades económicas obliga a realizar grandes inversiones y a prescindir de negocios tan lucrativos como contaminantes. Pero salta a la vista que eso es preferible a desencadenar fenómenos que lleven al mundo a un desastre tras el cual no quede nada que salvar ni negocios por realizar.