Hasta 2018, en el país la mitad de los mexicanos carecía de servicios fundamentales: no tuvieron suministro cotidiano de agua, no recibieron servicios preventivos de salud en instituciones públicas ni dispusieron de acceso a la seguridad alimentaria, ya que la comida que consumieron no fue suficiente, nutritiva ni balanceada, lo cual repercutió en su salud.

Estos índices son resultados obtenidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el Sistema de Información de Derechos Sociales, con datos de 2010-2018, el cual tiene indicadores que complementan la Medición Multidimensional de la Pobreza, ya que considera la calidad y disponibilidad de los derechos sociales, además del acceso efectivo.

Con base en ello, se encontró que en el país hay 14 médicos y tres consultorios por cada 10 mil habitantes, mientras la OMS considera un umbral de 23 médicos, enfermeras y parteras por esa proporción de la población. Esto refleja la escasez de personal e infraestructura para la atención de la salud, lo cual es un obstáculo para garantizar este derecho. En cuanto a la calidad del servicio, creció el 52 por ciento de la población que no recibió servicios preventivos en instituciones públicas, informó el Coneval.

La mitad de la población careció de agua todos los días, 45 por ciento no tenía baño funcional en la vivienda, y aunque contaban con vivienda y servicios básicos, no necesariamente fueron de calidad, lo cual incide en la salud y bienestar en general.

En cuanto a la alimentación, refiere que alrededor de la mitad de la población careció de accesibilidad a la seguridad alimentaria, 49.1 por ciento no tuvo cocina funcional en su hogar y 60.7 por ciento residió en hogares por debajo de la línea de pobreza por ingresos.

En el caso de la seguridad social, el sistema refiere que aunque se elevó el acceso a sistemas contributivos y no contributivos, al pasar de 35.9 por ciento en 2010 a 38.9 en 2018, sólo 21 por ciento de la población de más de 15 años cotizaba en alguna institución de seguridad social en 2018. En ese año sólo tres de cada diez personas de 65 años o más recibía una jubilación o pensión por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza por ingresos, equivalente al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria.

También se detectó rezago entre sectores de la población, ya que, por ejemplo, una de cada tres mujeres indígenas están en el decil más pobre y apenas son dos de cada 100 que se encuentran en los deciles más ricos. En los jóvenes, cuatro de cada 10, en zonas urbanas, tienen acceso a prestaciones laborales, mientras los que viven en el medio rural son uno de cada 100, explica.

El reporte en su primera fase toma en cuenta 47 indicadores por entidad y el acceso a educación, salud, seguridad social, alimentación y vivienda, mientras que en el tema de brechas de desigualdad son 92 en cuatro grupos, mujeres indígenas, jóvenes de 12 a 29 años, adultos mayores de 65 años en adelante y población con alguna discapacidad.