La Ley de Amnistía recientemente aprobada en la Cámara de Diputados es el primer paso para lograr un cambio sustancial y efectivo para devolver la libertad a las mujeres que han sido acusadas por haber tenido un aborto o del tipo penal de homicidio en razón de parentesco, pero para que tenga mayor efectividad es necesario que esta norma sea aplicada en todos los estados de la República, indicó la organización civil Asilegal.

En un pronunciamiento, el colectivo especializado en temas penales, litigio estratégico y diseño de políticas públicas consideró que la norma aprobada el pasado 11 de diciembre ha resultado ser una herramienta invaluable para iniciar el difícil proceso de transformar al actual sistema de impartición de justicia en todos sus niveles.

Casos fortuitos, sin castigo

De acuerdo con Asilegal, la Ley de Amnistía es un paso importante en la medida en que contribuye a cuestionar la perspectiva punitiva del sistema de justicia, la cual se traduce en abusos en la prisión preventiva, la obtención de confesiones bajo tortura y la ausencia de traductores, intérpretes y abogados para personas indígenas, entre otros agravios recurrentes.

Uno de los aspectos más importantes que solicitan en la norma, agregó el colectivo, es que puede ayudar a que no se castigue a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad por haber vivido un aborto fortuito, muchas de las cuales son acusadas por el cargo de homicidio en razón de parentesco, creado a partir de prejuicios de género y machismo.

Incluir ese delito en la Ley de Amnistía, señalaron las investigadoras Layla Almaraz y Verónica Garzón, manda un mensaje claro a los congresos locales y es el primer paso para lograr un cambio sustancial y efectivo para devolver la libertad a las mujeres.

Sin embargo, enfatizaron que para que dicho sector de la población acceda a los beneficios de la ley es importante que la nueva legislación se extienda en todos los estados de la República, para que la posibilidad de salir de la cárcel también beneficie a las mujeres acusadas por parte del fuero común.

Si lo anterior no ocurre, alertó Asilegal, estaríamos condicionando el reconocimiento de derechos a la ubicación geográfica de las personas y, además, abonando a la desigualdad social.