e espera que hoy el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vote para decidir si inicia un juicio político contra el presidente Donald Trump, quien sería el tercer mandatario en la historia del país en enfrentar un procedimiento de destitución ( impeachment). Hasta ayer todo indicaba que la votación se desarrollará según las líneas partidistas, con sólo dos legisladores demócratas contrarios a ese proceso y todos los republicanos cerrando filas con el magnate.

Trump reaccionó al inminente debate acerca de su juicio político con una carta dirigida a la lideresa de la oposición legislativa, Nancy Pelosi. En la misiva, el mandatario denostó todo el procedimiento como un abuso inconstitucional sin parangón en casi 250 años de historia legislativa de Estados Unidos. Dijo que el inicio del impeachment sería una guerra abierta a la democracia estadunidense; volvió sobre la machacona caracterización de las investigaciones en su contra como una cacería de brujas, y amagó a los demócratas con que el intento de llevarlo ante la justicia les representará un costo político muy alto en las elecciones de noviembre próximo.

Un somero repaso a la génesis del proceso indica, sin embargo, que las acusaciones del magnate republicano carecen de veracidad, que en su caso el Legislativo ha fallado más por omisión y aquiescencia que por severidad, y que si de algo puede acusarse al Congreso es de no haber puesto freno antes al empecinamiento presidencial en actuar, tanto en lo personal como en lo institucional, en los límites de lo legalmente permitido, si no es que en el terreno de la franca transgresión.

Así, a sus turbios manejos fiscales y a su comportamiento como depredador sexual debe agregarse la colaboración ilícita desarrollada en 2016 entre su equipo de campaña y empresarios rusos, con el fin de perjudicar la posición de su rival demócrata, Hillary Clinton, mediante prácticas delictivas, cuando ambos buscaban llegar a la Casa Blanca. Cualquiera de esas acciones debió ameritar el inicio de un juicio político. Sin embargo, la oposición demócrata en el Capitolio decidió –por prudencia política o mero oportunismo– no escalar de esa forma la tensión con el Ejecutivo.

En lo que hace al proceso actual, debe recordarse que Trump incurrió en abuso de poder al condicionar la ayuda militar que Washington otorga a Ucrania a que las autoridades de este país persiguieran penalmente al ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter.

Lejos de mostrar una conducta institucional ante las lógicas dudas que generó la revelación de sus conversaciones telefónicas con su homólogo Volodymir Zelensky, Trump produjo un motivo adicional para enjuiciarlo debido a la obstrucción abierta y sistemática de las indagatorias. Con ello la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes no tuvo más salida que dejar de lado su renuencia e iniciar el proceso de impeachment.

La polarización extrema a la que se encuentra sometida la vida institucional de Estados Unidos no puede achacarse, pues, a los esfuerzos para frenar el uso arbitrario del poder, sino a la perenne disposición del ocupante de la Casa Blanca para violar cualquier ley que se interponga entre él y sus intereses, cálculos y caprichos. La voluntad de Trump de arrastrar consigo al conjunto de la institucionalidad, siempre que calcule obtener un rédito a cambio, queda patente al observar su manejo de la crisis política en curso.

Aunque cuenta con la casi total certeza de ser absuelto gracias a la mayoría republicana en el Senado (instancia donde se dirime el procedimiento de juicio político), el presidente ha optado por llevar al país vecino a niveles inéditos de crispación con la expectativa de aglutinar a las bases ultraconservadoras en su intento de relegirse, sin importar que en el camino sea destruida la unidad nacional y, de paso, el estado de derecho.