Zacatecas, Zac., Desde la tribuna del Congreso del estado, la diputada morenista Alma Gloria Dávila Luévano hizo un extrañamiento al gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna, a quien pidió explicar por qué su administración no ha cobrado más de 3 mil 600 millones de pesos a la minera Peñasquito, luego de que la trasnacional perdió el amparo que interpuso contra el impuesto ecológico de Zacatecas.

A finales de 2016, la actual administración propuso al Congreso local la creación y cobro de un impuesto ecológico por depósito de residuos, emisión de sustancias contaminantes al suelo y subsuelo y a la atmósfera y remediación ambiental por extracción de materiales, que producen en Zacatecas las empresas mineras y la planta cervecera de Calera, y que fuera agregado a la ley de ingresos y presupuesto de egresos para 2017.

Los diputados zacatecanos aprobaron por unanimidad ese paquete fiscal y el nuevo gravamen debió comenzar a cobrarse desde el primero de enero de ese año.

Negativa de las empresas

Sin embargo, las grandes compañías mineras nacionales y extranjeras que operan en la entidad se opusieron al pago de ese nuevo impuesto, al igual que la empresa cervecera Grupo Modelo, por considerar que el cobro de un gravamen local en materia de ecología y medio ambiente era de exclusiva competencia federal.

Fue entonces, recordó ayer la diputada Dávila Luévano, que por la vía legal las mineras y la cervecera interpusieron decenas de amparos, que terminaron en un litigio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Paradójicamente, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se sumó a su causa, para impedir legalmente que Alejandro Tello Cristerna, y concretamente Zacatecas, pudieran cobrar el impuesto ecológico.

Fue el 7 de febrero de 2019 cuando la SCJN determinó que el cobro del impuesto ecológico es una facultad compartida entre estados y Federación, rechazando el argumento de las mineras y la cervecera de que el gobierno de Zacatecas estaba invadiendo la competencia federal con esos nuevos gravámenes.

Con ese fallo de la SCJN –prosiguió en su recuento la diputado de Morena–, los magistrados de distintos tribunales del país comenzaron a emitir sus resoluciones respecto a los 29 amparos promovidos contra el impuesto ecológico.

Así, el pasado 8 de octubre el tribunal colegiado de circuito auxiliar de Coatzacoalcos resolvió el expediente número 398/2019, donde aparecían, como parte quejosa, minera Peñasquito, y, como autoridad demandada, la legislatura de Zacatecas y la administración priísta de Tello Cristerna.

Sin embargo, denunció la legisladora, ya pasaron más de dos meses del fallo judicial, definitivo e inatacable, y extrañamente, el gobierno de Alejandro Tello no ha cobrado el impuesto ecológico a la minera Peñasquito, que se estima en mil 200 millones de pesos por año. Es decir, 3 mil 600 millones de pesos por los años 2017, 2018 y 2019, más multas, actualizaciones y recargos.