Ures, Son., Preocupados por los recientes estudios revelados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), damnificados por el derrame tóxico al río Sonora instaron al gobierno federal a presentar un plan de acciones específicas con fechas para remediar los daños causados por el consorcio minero Grupo México en la cuenca y acabar con la incertidumbre por consumir agua que contiene concentraciones de metales pesados por arriba del límite estipulado en la norma oficial mexicana.

Justicia, reparación y no repetición de la tragedia ambiental más grave en la historia del país es la exigencia de los habitantes de la región, quienes se han visto afectados en su salud y economía. También piden al gobierno federal reabrir el fideicomiso Río Sonora, que congeló cerca de 800 millones de dólares.

Desde el inicio de la primera reunión con los titulares de las secretarias del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Cofepris, los damnificados de los siete poblados cercanos a los ríos Sonora y Bavispe recalcaron su incertidumbre ante su estado de salud y el agua que consumen.

Loyda Valdez, habitante de Banamichi, aseguró que tras cinco años del derrame, los afectados están hartos de escuchar discursos y promesas de las autoridades y de que ninguno de estos compromisos se haya cumplido a cabalidad.

No pedimos que nos escuchen a los afectados; ese tiempo ya se acabó. Somos nosotros los que debemos escuchar (del gobierno federal) propuestas, un plan de acción y la actualización de muestreos, declaró Loyda Valdez.

Los más de 25 mil afectados por el derrame, organizados en los Comités de Cuenca del Río Sonora coincidieron en que se requiere, de manera urgente garantizar los derechos de esta población a la salud y al agua limpia.

Por ello exigen estudios independientes en pozos y potabilizadoras, instalación de plantas pendientes y acceso a los resultados de esos análisis, atención especializada de salud en toda la ribera, incluidas las comunidades más alejadas de Hermosillo, como Bacanuchi, y la presentación del dictamen de Profepa sobre la nueva presa de jales de Grupo México, así como información clara sobre las consecuencias que enfrentará la empresa si violó normas ambientales.

Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a los funcionarios federales a presentar un plan de acción el lunes 23 de diciembre.

Los damnificados aseguraron que estarán pendientes de los anuncios de las autoridades, sobre todo de los resultados de los muestreos tomados por la Cofepris en 60 puntos del río, del cual se abastecen.