El llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno mexicano acepte la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar con las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sorprendió a funcionarios federales, quienes aseguraron que algunos de los expertos que conformaron ese grupo han venido coadyuvando desde hace unos meses con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de ese caso.

Sin embargo, otras fuentes ligadas a las investigaciones señalaron que si bien los especialistas internacionales han estado en México, cooperando con los trabajos de la Comisión, no desarrollan las mismas facultades que realizaron como GIEI, por lo que la exigencia de los padres es que así sea.

Este debate se dio en medio de la última sesión del año, la décimo primera, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que se realizó el miércoles en la Secretaría de Gobernación, en la que los los representantes legales de las familias y fuentes federales indicaron que en diversos puntos de búsqueda se hallaron nuevos huesos que el gobierno federal enviará a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis y con ello confirmar si se trata o no de los estudiantes.

En un comunicado emitido el martes por la CIDH, se detalló que el pasado 3 de diciembre envió a las autoridades mexicanas la propuesta formal para la reinstalación del GIEI. Esto generó cierta polémica al interior de la comisión. Por un lado, algunos indicaron que ese paso se ha cumplido, pues en marzo se presentó el Grupo de Apoyo Técnico de ese organismo internacional, en el que participan algunos expertos de la entidad anterior.

▲ Los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala exigen que el GIEI tenga más facultades en la investigación.Foto La Jornada

En respuesta, otros subrayaron que a partir de entonces los especialistas Ángela Buitrago y Francisco Cox han coadyuvado en las labores, se trata de una asesoría como consultores, que no es el mismo trabajo que desarrolló el GIEI cuya colaboración era mayor: tenían facultades para acceder a la investigación y a los expedientes, a realizar procesos de búsqueda, a entrevistar a presuntos responsables, a ingresar a los penales y a sugerir líneas de investigación y de búsqueda. En la reunión participaron el fiscal especial del caso, Omar Gómez; representantes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la experta del GIEI, Ángela Buitrago, familiares de los normalistas y funcionarios

A su vez, al finalizar la sesión de la Comisión, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que acompañan a los padres de los jóvenes, indicó que se realizó un balance de los trabajos desarrollados en este primer año y se presentó la agenda del siguiente, entre ellas reuniones, por separado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el fiscal general de la República.