a Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer su Manual de Remuneraciones para 2020, en el cual los consejeros electorales se asignaron un sueldo de alrededor de 170 mil pesos, es decir, sustancialmente idéntico al de 178 mil pesos netos mensuales que la mayoría de ellos percibe en la actualidad. Los altos directivos del ente encargado de organizar y vigilar los comicios en todo el país justificaron que sus percepciones se mantengan a contracorriente de la Ley Federal de Remuneraciones con la especie de que realizan un trabajo especializado.

Cabe recordar que la ley referida establece que los funcionarios públicos no podrán recibir salarios superiores al del Presidente de la República, el cual asciende a 108 mil pesos mensuales en el presupuesto vigente, y en 2020 se actualizará a 111 mil debido a la inflación. Sin embargo, la práctica totalidad de los 130 funcionarios del instituto que reciben sueldos por encima de dicho tope se encuentran amparados para continuar cobrando al erario los mismos emolumentos que se asignaron durante el pasado año de la anterior administración federal.

La batalla jurídica, política y mediática entablada por los directivos del órgano autónomo para mantener el entramado de privilegios del que se benefician, constituye sólo la más reciente confirmación de la incapacidad de los funcionarios formados en los regímenes anteriores para comprender la importancia que la legitimidad social tiene en el ejercicio de su mandato, a la vez que una palmaria muestra de insensibilidad hacia la población que sostiene sus percepciones por la vía de impuestos: ya en 2015 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) había revelado que el INE es el más oneroso de los organismos autónomos en gasto por empleado, y durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello el instituto se volvió particularmente odioso a ojos de los ciudadanos por la frivolidad con que ejerció su presupuesto, mientras el anterior gobierno federal aplicaba brutales recortes presupuestales a sectores prioritarios.

Hace un año se resaltaba en este espacio que el reconocimiento social a la manera en que se desarrollaron los pasados comicios federales brindaba al INE una oportunidad irrepetible para reconstruir el prestigio perdido en los desastrosos procesos federales de 2006 y 2012. La decisión tomada ayer por la Junta General Ejecutiva del organismo ratifica que quienes lo dirigen no tienen interés alguno en recuperar la confianza de la ciudadanía sino que, por el contrario, han resuelto dilapidar cualquier crédito en la defensa de sus privilegios.