La primera sala de la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en materia de libertad de expresión en la que establece que sólo se podrán imponer sanciones civiles cuando la emisión de opiniones, ideas o juicios corresponda exclusivamente a aquellos casos en que existe información falsa y que haya sido producida con real malicia, con la única intención de dañar.

Detalla que la malicia efectiva o real malicia requiere no sólo que la información difundida haya sido falsa, sino que se haya divulgado a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar a la víctima.

Al emitir la tesis jurisprudencial 80/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, se determinó que la intención de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia, un error o la rea-lización de una investigación relativa, sino que se requiere acreditar que el emisor tenía conocimiento de que la información era inexacta –o al menos dudaba de su veracidad– y demostró una total despreocupación por verificarla.

Con base en la resolución de cinco amparos presentados por empresas dedicadas a la información, así como por algunos comunicadores, la primera sala estableció que para actualizar la malicia efectiva, no es suficiente que la información difundida resulte falsa o inexacta, pues se tendría que sancionar a informadores que son diligentes o prestos en sus investigaciones por el simple hecho de no probar en forma fehaciente todos y cada uno de los datos que emiten.

Ello vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información, provocando el ocultamiento de datos en lugar de difundirlos, socavando el debate robusto sobre temas de interés público que se persigue en las democracias constitucionales.