La falta de una organización del sistema penitenciario con enfoque de género ha implicado que las mujeres vivan la reclusión como una experiencia traumática, absolutamente lejana de lo que significa el derecho a la reinserción social. El informe La situación del derecho a la reinserción social de las mujeres bajo la lupa de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de la organización Asilegal, señala que de los 311 centros que existen en el país, sólo 18 son femeniles y albergan a 40.2 por ciento (4 mil 209 personas) de mujeres privadas de libertad, el resto, dice, se encuentran en prisiones varoniles mal llamadas mixtos debido a que carecen de espacios dignos y específicos para ellas.

Tras un análisis en Baja California, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca, indicó que la mayoría de las entrevistadas en 2018 dijo que al ser detenida sufrió diferentes tipos de violencia, entre ellas patadas y puñetazos, abuso sexual, descargas eléctricas, aplastamiento de alguna parte del cuerpo, asfixia, así como otros tipos de torturas física y sicológica. En México, el uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra las mujeres es generalizado, en particular en el momento de su detención, señaló.

Baja California, pese a ser uno de los estados con mayor población de mujeres en prisión (542), no cuenta con centros de reinserción femeniles. En Chiapas está sólo el centro de rehabilitación social número 4 femenil Tapachula, que alberga a 36. Oaxaca cuenta con 160 reclusas, 97.5 de las cuales se encuentra en el CRS Femenil Tanivet. En Hidalgo, las 287 mujeres en reclusión están en cárceles mixtas.

La trayectoria que han seguido los centros penitenciarios con relación a los derechos de las mujeres ha sido de completos claroscuros, sostiene el informe.