A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de cambiar la estrategia militarizada de seguridad, no hay señales fuertes que indiquen un cambio de dirección, coincidieron los especialistas en derechos humanos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), cuya directora para México y Derechos de Migrantes es Maureen Meyer, apuntó en un reporte a la creación de una nueva fuerza que actualmente es liderada por militares, la Guardia Nacional, para asumir funciones policiales federales.

También ha legalizado el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2024. Esto ha generado serias preocupaciones en materia de garantías constitucionales dado el hecho de que elementos militares han cometido violaciones con casi total impunidad en el pasado.

Esta organización defensora advirtió que la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos durante los gobiernos anteriores sigue sin investigarse y sancionarse.

López Obrador llegó al poder prometiendo finalmente brindar respuestas a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas en México, eliminar los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y tratar a los migrantes con dignidad, expresó Maureen Meyer. Sin embargo, si bien las acciones iniciales para abordar las desapariciones son prometedoras, hasta el momento estos esfuerzos no se han combinado con acciones significativas para fortalecer el sistema de justicia penal de México para enfrentar la crisis de impunidad generalizada que perdura para la mayoría de los delitos en contra de las garantías civiles en el país.

Para José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el gran pendiente de esta administración es que no se ha hecho cargo de llevar a juicio a todos aquellos militares, marinos e integrantes de las policías federal y locales que han privado arbitrariamente de la vida a miles. Cualquier estrategia de seguridad para abatir la violencia que no contemple la desmilitarización de la seguridad pública, la depuración de las fuerzas de seguridad respecto de aquellos efectivos que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos en el pasado, y la investigación, procesamiento y castigo de los responsables del Ejército, Marina y Policía Federal que hayan cometido crímenes atroces, no va a ser una política de seguridad integral para abatir la violencia.

Por su parte, Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia consideró que no tenemos evidencia de que se estén modificando sustantivamente algunas de las tendencias en el número de homicidios, feminicidios, ni en los índices de impunidad.

El especialista expuso que “si no hay un programa continuo con inversión importante, con mecanismos de evaluación sobre el tema de las policías locales, la Guardia Nacional es imposible que logre tener una presencia y asegurar la vida y seguridad de las personas.