urante décadas, las élites mexicanas (y de otros países) mantuvieron una postura de desatención y censura a las denuncias de los abusos sexuales de Marcial Maciel, quien terminó caracterizado como un monstruo de maldad (caracterización utilizada aquí para ir de acuerdo con los parámetros utilizados por las mencionadas élites), inocultable e indefendible ahora aun para sus propios seguidores obcecados.

En la semana recién pasada se dio a conocer un reporte de los Legionarios de Cristo (la orden fundada y dirigida originalmente por el ya difunto Maciel) sobre sacerdotes católicos pederastas. Rogelio Cabrera Pérez, quien es arzobispo de Monterrey y presidente en turno de la Conferencia Episcopal Mexicana, dijo que tal informe llega tarde e incompleto, bajo abierta sospecha de no decir todo lo que corresponde al caso.

El punto clave está en la complicidad de muchas autoridades eclesiásticas, y sus aliados en la política terrena, para encubrir hechos delictivos (no sólo abusos sexuales) practicados por la estructura jerárquica de la Iglesia católica mexicana (desde los obispos y arzobispos, hasta cardenales como Norberto Rivera). No únicamente fueron Maciel y los Legionarios.

Es apropiada la ruta de salida de Ricardo Valero del servicio diplomático mexicano. Por motivos de salud se ha anunciado que deja la embajada de México en Argentina, la cual seguía ejerciendo aunque había sido llamado a concentrarse en la Ciudad de México, luego del extraño (aunque no tanto) episodio en el que fue captado robando un libro en un famoso establecimiento del ramo en Buenos Aires.

No parecía haber explicación lógica para la conducta de Valero: el costo del libro era bajo (el equivalente a 10 dólares) y las maniobras operativas que realizó para ese hurto eran burdas, además del hecho fundamental de que en su persona estaba representada la nación mexicana. En cuanto el caso tomó relevancia internacional, familiares del todavía embajador comenzaron a difundir extraoficialmente las circunstancias médicas: un trastorno neuronal que le llevaba a cometer ese tipo de atrevimientos o francas infracciones punibles.

Ahora se conocen los estudios médicos que permiten entender el comportamiento de Valero, quien ya de regreso a México pretendió cometer otro robo en el aeropuerto bonaerense. Contra el activo político, que en sus momentos de plena salud mental jamás habría permitido o realizado actos de tal naturaleza, se cebaron los comentarios de opositores al obradorismo que pretendieron encontrar en los deslices de Valero una falsa prolongación que involucraría a los políticos en el poder en una supuesta patología delictiva. Mucho honraría a algunos de quienes se expresaron de manera ruda en el tema que ahora, a la luz del conocimiento del expediente médico del caso, reconocieran su error en el caso específico del embajador y en el genérico de la condena delincuencial al grupo morenista actualmente en el poder.

El episodio, sin embargo, tampoco debería abordarse sin buscar un aprendizaje. Es de preguntarse si la cancillería mexicana, o los órganos de información e inteligencia del Estado mexicano (el Cisen cambió de nombre, pero no de misión y objetivo) jamás supieron de los problemas de salud (ya presentes y documentados desde 2012 y 2013) de quien sería nombrado embajador ni más ni menos que en Argentina.

Además, conviene advertir que en varios casos (en consulados mexicanos en Estados Unidos, sobre todo, pero también en embajadas), se ha optado, sin análisis político ni revisión médica, por la designación de personajes que no reúnen los requisitos básicos para el cargo y que con frecuencia son avalados por recomendaciones de políticos de la facción en el poder o de la voluntad imperiosa del máximo jefe político de la nación.

Y, mientras a Manuel Bartlett los nuevos tiempos parecen empujarlo a los altares patrios, como ejemplo de honestidad, congruencia y sacrificio (mmm), ¡hasta mañana!

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