Chilpancingo, Gro., La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) –fundada en 1995– y sus escisiones, conocidas como autodefensas, no habían sido blanco de tantas agresiones como en el año que está por concluir, en el que fueron asesinados al menos 19 de sus integrantes, en la zona Costa-Montaña de Guerrero.

Una ex comandanta regional de esa institución comunitaria que pidió el anonimato por temor a represalias de grupos delincuenciales, recordó que en diciembre de 2012 se creó la cuarta Casa de Justicia de la CRAC-PC, en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.

Luego se integraron otras que no serían del todo aceptadas por conflictos en el interior de la CRAC-PC. A partir de 2013 comenzaron los ataques contra núcleos de esa agrupación que tenían una visión de mayor autonomía y más independencia del gobierno, apuntó.

En agosto de 2013 fueron detenidos y encarcelados los principales coordinadores de la CRAC-PC, entre ellos Nestora Salgado –actual senadora de la República–, Gonzálo Molina y Arturo Campos, así como policías comunitarios, consejeros y comisarios, quienes actualmente ya recuperaron su libertad.

La ex comandanta destacó que lo anterior fue posible mediante la aplicación de una guerra de baja intensidad (GBI), táctica usada por los gobiernos estatales y federal para desmovilizar los movimientos sociales.

Prueba de ello, agregó, es que después de estos ataques a la CRAC-PC surgieron otros grupos que querían imitarla, financiados mayoritariamente por el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre Rivero (2011-2104).

Esta GBI, sostuvo, atacó los pilares de la organización comunitaria y el apoyo que recibían de la población donde se encontraban. Se utilizó el Ejército para llevar a cabo el programa federal Cruzada contra el Hambre, que curiosamente fue aplicado en las localidades donde existían grupos de la CRAC.

La entrevistada hizo un recuento de los asesinatos de miembros de la policía comunitaria a partir de 2013. “En julio de ese año, en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, ejecutaron a dos jóvenes en presencia de las fuerzas armadas. En diciembre de 2014, en la comunidad de Santa Cruz, municipio de Huamuxtitlán, ultimaron al consejero Víctor Cano Espinal”.

En abril de 2015 tuvo lugar un enfrentamiento en un retén de la policía estatal. “Por conflictos en el interior de la CRAC-PC, una fracción de la policía comunitaria de San Luis Acatlán, bajo el mando de Eliseo Villar, cercano a Ángel Aguirre, se enfrentó con los agentes, con saldo de seis comunitarios y dos uniformados fallecidos.

Pero la agresión más fuerte contra la CRAC-PC ocurrió en noviembre de ese año en la cabecera municipal de Tixtla. “Pese a los retenes de las fuerzas policiacas y con una elección electoral en ciernes, acribillan impunemente a cuatro integrantes de la Casa de Justicia La Patria es Primero, que integraban un grupo más autónomo e independiente del gobierno y de la Casa Matriz (de San Luis Acatlán)”, contó la ex comandante regional.

Estos homicidios propiciaron la llegada de grupos del crimen organizado a Tixtla, lo que dio inicio a una ola de asesinatos de miembros de distintas facciones de la CRAC-PC, “como fue el caso de Celso Nava Isidro, comandante en el pueblo El Zapote, quien fue levantado y asesinado en septiembre de 2016, en el libramiento a Chilpancingo.

En noviembre de 2016, el profesor Irineo Salmerón Dircio, guardia comunitario en Los Amates, en Acapulco, fue secuestrado, junto con otro joven que lo acompañaba; ambos ultimados en un camino de terracería del municipio de Chilapa”. También en Tixtla, pero en agosto de 2017, desconocidos privaron de la libertad a un integrante de la CRAC-PC del poblado El Fortín; su cuerpo fue encontrado cerca de las instalaciones de la fiscalía estatal, en Chilpancingo. En enero de 2018, en Acapulco, civiles armados ejecutaron a cinco guardias comunitarios”.

Ejecutados, 19 policías comunitarios

Las agresiones y ataques contra la institución armada continuaron y se intensificaron en el presente año. En abril fue ultimado Julián Cortés Flores, coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán. El crimen se debió a la infiltración por parte del gobierno estatal, el narcotráfico y traiciones dentro de la misma agrupación, consideró la entrevistada.

En junio, Javier Ake Cabrera, comandante en el municipio de Xochihuehuetlán, en la Montaña Alta “fue levantado y su cadáver hallado en la ribera del río Tlapaneco.

En julio, Antonio Ramírez Rincón, guardia comunitario de Huamuxtitlán, fue secuestrado y asesinado. En agosto, Domingo España, coordinador del Comité de Enlace entre Xochihuehuetlán y San Luis Acatlán, fue abatido a tiros en la carretera Tlapa-Puebla”.

A principios de diciembre, el comandante de la CRAC-PC en la cabecera municipal de Huamuxti-tlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue ejecutado “por pistoleros de la delincuencia organizada que operan en esa zona en un proceso de limpieza, apoyados por varios políticos de la zona, que ejercieron y ejercen el poder”, aseveró.

Las escisiones de la CRAC-PC, conocidas como policías comunitarias, ciudadanas o autodefensas, también fueron blanco este año de varios atentados que cobraron la vida de sus integrantes.

El 20 de junio, tres miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron asesinados y uno quedó herido en un ataque en la colonia de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.

Cuatro días después, presuntos delincuentes mataron a seis miembros de la UPOEG en el poblado de El Camarón, municipio de Petatlán, en la Costa Grande.

El 26 de noviembre, un comando ultimó a cinco integrantes de la UPOEG, en la comunidad de Barrio de las Flores, municipio de Petatlán.

El antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, opinó que las agresiones a la CRAC-PC son resultado de que los grupos de la delincuencia organizada, se han ido posicionando en los territorios donde está la agrupación, y que ha llegado a la persecución, y al asesinato.

Patrón de impunidad en zonas de influencia

Existe además, dijo, “un patrón de impunidad que prevalece en las zonas de influencia de la CRAC-PC, “donde los Ministerios Públicos no investigan los crímenes, al contrario se coluden con autoridades municipales y la delincuencia.

Eso facilitó los ataques a la policía comunitaria, como pasó en San Luis Acatlán, y en la zona de La Cañada de los municipios de Huamuxtitlán, y Xochihuehuetlán, donde se enquistaron los grupos criminales. Ven a la CRAC-PC como un adversario al que tienen que vencer.

La delincuencia no permite que un sistema de justicia indígena tenga el poder comunitario, para garantizar seguridad, en el que además tenga el control de la entrada y salida de vehículos, y de personas, por lo que ven afectados sus intereses. Se ha intensificado más el tráfico de drogas y eso ha generado una mayor violencia, planteó Barrera Hernández.

Afirmó que en varios municipios con presencia de la CRAC-PC “hay autoridades municipales, policías y agentes de tránsito débiles, infiltrados por la delincuencia, y van en contra de la policía comunitaria.

El hecho de que en territorios de la CRAC haya detenidos acusados de violación, homicidio y tráfico de drogas, hace que tengan una confrontación directa con la delincuencia, como ocurrió con los homicidios de guardias comunitarios de San Luis Acatlán, y con comandantes de Xochihuehuetlán, y Huamuxtitlán.

Destacó que la anterior legislatura local, puso fuera de la ley al sistema de seguridad y justicia comunitaria (CRAC-PC), alentando su desacreditación y provocando que los mismos jueces apoyen los recursos de amparo interpuestos por personas detenidas por la policía comunitaria para recuperar su libertad, pese a que ya se les juzgó por homicidio o delincuencia organizada, debilitando así a la CRAC.

La CRAC se vio obligada a tener que hacer un alto a los negocios de la delincuencia en algunos municipios, por eso hoy la desafían. Es un ambiente complicado para un sistema comunitario que tiene que fortalecerse, al igual que sus órganos. También hay relajamiento en parte de algunas autoridades de la CRAC, y eso los hizo más vulnerables, concluyó.