corralado tras más de dos meses de protestas multitudinarias, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó ayer a un plebiscito para decidir si se redacta un nuevo texto constitucional que sustituya al de 1980, elaborado por la dictadura de Augusto Pinochet y conservado durante las tres décadas que han transcurrido desde el regreso formal de la democracia en 1990. De acuerdo con la convocatoria, la papeleta que los chilenos usarán para expresar su voluntad el próximo 26 de abril contendrá dos preguntas: si quieren o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Carta Magna, una convención constitucional íntegramente compuesta por constituyentes elegidos o una convención constitucional mixta en que habrá una mitad elegida directamente y la otra mitad elegida por el Congreso.

Ante esta coyuntura histórica, es preciso recordar que la redacción de una Carta Magna elaborada en y para la democracia fue una propuesta central de la ex presidenta Michelle Bachelet durante su segunda administración (2013-2017), pero se malogró por la cerrada oposición de la derecha a revisar el marco legal heredado de la dictadura. Asimismo, debe tenerse presente que si la renovación del ordenamiento jurídico se convirtió en el principal reclamo de los chilenos que han tomado las calles del país desde el 18 de octubre, es porque las instituciones de la oligarquía local, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, hicieron de la constitución pinochetista una camisa de fuerza que echa abajo sistemáticamente cualquier intento político o jurídico de introducir medidas de justicia social.

Por otra parte, sería ingenuo suponer que la convocatoria marca el fin de los esfuerzos de la derecha chilena por mantener de manera indefinida un ordenamiento que les resulta tan favorable. En efecto, todo apunta a que la apuesta sigue siendo ganar tiempo en espera de que las protestas se diluyan: a esta estrategia la delatan el hecho de que se consulte acerca de algo que 80 por ciento de la ciudadanía respalda, en vez de llamar directamente a la elección de los delegados que deberán debatir la nueva Carta, así como la postergación por cuatro meses de un ejercicio cuya urgencia resulta obvia para todos los actores.

En suma, cabe celebrar la victoria del pueblo chileno, que con la convocatoria al plebiscito da un paso fundamental hacia la concreción de la verdadera democracia que le fue negada por el pacto entre cúpulas políticas que hace tres décadas permitió a las instituciones y a personeros de la dictadura subsistir bajo el manto del electoralismo. Como cara oscura de este triunfo popular no puede sino repudiarse la indiferencia de la derecha gobernante, tan refractaria a cualquier reclamo de atemperar la obscenidad de sus privilegios que únicamente accedió a un elemental reclamo democrático después de semanas de barbarie represiva en las que las distintas corporaciones armadas dejaron 20 muertos, miles de lesionados (entre los que se cuentan quienes perdieron la vista parcial o totalmente por el uso indiscriminado de balas de goma), otros tantos presos políticos, así como cientos de víctimas de violaciones y otras agresiones sexuales.