Buenos Aires. El presidente boliviano en el exilio, Evo Morales criticó ayer la evidente implicación de Estados Unidos en el golpe de Estado que acabó con su mandato y comparó este nivel de injerencia con el de la época del Plan Cóndor, la coordinación entre dictaduras militares latinoamericanas y Estados Unidos en la represión de la disidencia.

“La complicidad de Estados Unidos es tan evidente en el golpe de Estado en #Bolivia que la embajada norteamericana en #Argentina habla por los golpistas y pide al gobierno del presidente Alberto Fernández limite mi refugio político, como en tiempos del Plan Cóndor” afirmó Morales en su cuenta oficial en Twitter.

Morales se refiere a la información filtrada a medios que sostiene que Estados Unidos, por conducto de su embajada en Buenos Aires, expresó su malestar a Buenos Aires por la actividad política pública que lleva a cabo el líder indígena boliviano en suelo argentino.

En concreto pidieron al nuevo gobierno argentino de Fernández que Morales no abuse de su estatus en Argentina, destacó el diario La Nación.

Oficialmente no se ha informado del motivo del encuentro entre la ministra consejera de la embajada estadunidense en Argentina, Mary Kay Carlson, y el ministro argentino de Asuntos Exteriores Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz.

Morales llegó al país sudamericano procedente de México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le concedió asilo político por amenazas contra su vida producto del golpe de Estado que le obligó a renunciar a la presidencia de Bolivia.

El primer mandatario indígena en la historia del país andino dimitió como resultado de un informe parcial de la Organización de Estados Americanos que cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales bolivianas, donde venció en primera vuelta.

Sectores cercanos al gobierno de Fernández interpretan que la condición de refugiado político de Evo Morales lo habilita a formular comentarios políticos y participar en actos, por lo que no comparten la preocupación expresada por el gobierno de Estados Unidos.

Morales llegó a Argentina el 12 de diciembre tras pasar por México y Cuba después de dimitir tras las presiones de policía y ejército para que renunciara en medio de una ola de protestas.

Morales intentará hoy domingo unir a su desarticulado partido hacia las nuevas elecciones en Bolivia mediante una reunión política en Buenos Aires, a más de 2 mil 700 kilómetros de la capital política boliviana.

Cerca de un millar de dirigentes regionales y nacionales han sido convocados al encuentro, que inicialmente debió realizarse en el norte argentino, cerca de la frontera con Bolivia, y cuyo propósito será preparar una asamblea en Bolivia para elegir al candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo Morales, elegido jefe de campaña.

Después de 13 años y nueve meses en el poder, en los que ejerció plena hegemonía política, el ex gobernante parece estar perdiendo influencia en su propio partido. Aun así, es factor de unidad, según los dirigentes de la organización.

Uno de los sectores ausentes de la reunión será el ala renovadora, que sigue controlando el poder legislativo. Mucho tiempo hemos aguantado una discriminación al interior del partido y es ahora que tenemos que reivindicarnos, y nuestro presidente (Morales) debe reflexionar, dijo la diputada Concepción Ortiz.

Tampoco irán al encuentro el sindicato campesino de La Paz, que ya eligió a su propio candidato por el MAS: el ex canciller David Choquehuanca, de origen aymara, como el propio Morales. En una declaración ha dicho que no permitirá la intromisión ni imposición de ninguna rosca ni élite en la designación de candidatos. Tampoco acudirán organizaciones vecinales afines al MAS de la ciudad de El Alto, uno de los bastiones leales a Morales en esta ciudad.

Estos sectores críticos culpan de la caída de Morales a una rosca que rodeó al mandatario en los últimos años, dijo el presidente de los diputados, Sergio Choque. Identifican al ex vicepresidente Álvaro García, actualmente refugiado en Argentina junto a Morales y al ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, operadores políticos del depuesto régimen, como representantes de ese entorno.

Quintana es uno de los nueve refugiados en la embajada de México en La Paz a quien el gobierno de facto de Jeanine Áñez acusa de sedición y terrorismo y se niegado a otorgarle salvoconducto por haber participado en las protestas en las que murieron 35 personas.