Lunes 30 de diciembre de 2019, p. 24
La aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México representa un importante avance para combatir el flagelo de las desapariciones, por lo que esperamos sea publicada en breve y las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil sean invitadas a participar en este momento histórico, afirmó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local.
Se trata, dijo, de la primera ley en la materia a nivel estatal que elimina la categoría de persona no localizada
, con lo cual quedan reafirmadas las obligaciones de búsqueda e investigación inmediatas con independencia de si los hechos están vinculados a la comisión de un delito.
Además, se reconoce la obligación de las autoridades capitalinas de coordinarse con las de otras entidades federativas para realizar acciones de búsqueda, localización e identificación de personas; y la integración de este proceso a las atribuciones de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.
La CDH consideró que se deberá trabajar aún en la implementación y armonización del marco normativo recién aprobado, para lograr un trabajo interinstitucional consolidado, con miras a generar la legislación en materia de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.
No obstante, es un adelanto significativo el reconocimiento de las acciones para incorporar los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el enfoque diferenciado y la perspectiva de género en el contexto de la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, precisó.
Hoy, destacó, esta legislación constituye el compromiso institucional de la ciudad con las víctimas, sus familiares y la sociedad, ante la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México y que requiere una política pública integral para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas.
Mencionó que además de la capital del país, los estados de Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz cuentan con legislaciones para combatir el flagelo de las desapariciones y que reconocen el complejo y doloroso desafío que representa la investigación de estos casos y la búsqueda de personas desaparecidas.