Chichihualco, Gro., Al menos una decena de reporteros, integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, así como desplazados por la violencia de diversas comunidades de la sierra, fueron desalojados con violencia la noche del sábado por elementos de la Unidad de Fuerzas Estatales (UFE) del gobierno, en las cercanías de la cabecera municipal de Chichihualco.

Los periodistas acudieron a un llamado de habitantes de la zona –que han tenido que dejar sus hogares debido a la violencia generada por los comandos del crimen organizado que operan en la región desde noviembre de 2018–, quienes realizaban un bloqueo para pedir al gobierno federal la instalación de tres retenes de la Guardia Nacional en comunidades de este municipio.

En conferencia de prensa, Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos y Pavón, responsabilizó al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por la represión de que fueron objeto, tanto comunicadores como activistas y desplazados por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

Destrozan camioneta y roban computadoras

Afirmó que los efectivos de la UFE causaron destrozos en su camioneta y le poncharon las cuatro llantas; además denunció el robo de dos computadoras, dos teléfonos celulares y la documentación de unos 500 desplazados de pueblos del municipio de Leonardo Bravo.

Relató: “desde la tarde del viernes tuvimos información de que la comunidad de El Carrizal estaba sufriendo un ataque y un grupo armado –el mismo que desplazó a estas familias– había tomado el pueblo; ese mismo día fue sepultada Lucía Trujillo Guzmán, quien murió de un derrame cerebral, debido a que sólo se reconocía a su esposo como desplazado y por lo tanto no se le quiso dar atención médica”.

Al día siguiente (sábado) “nos dijeron que también la comunidad de El Naranjo estaba siendo atacada por civiles armados. Nos trasladamos a Chichihualco; llegamos a la una de la tarde previendo que el comando pudiera tomar esta cabecera municipal.

“Ya estando aquí nos enteramos de que se acercaba un operativo para llegar a El Naranjo a apoyar a la población en contra de la gente que los estaba atacando.

No sabíamos quién integraba el operativo, pero se acordó presionar para que no se fueran de El Naranjo y al mismo tiempo intentar también que se instalaran los tres filtros o puestos de seguridad acordados desde el 27 de marzo pasado, cuando se firmó la minuta de convenios con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas: en El Carrizal; otro en El Naranjo, y el tercero en el punto conocido como La Quebradora, casi a la entrada de Chilpancingo, puntualizó.

La operación era encabezada por los elementos de la UFE, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Nosotros llegamos a unos dos kilómetros del sitio del operativo, pero ya no nos dejaron pasar, nos bloquearon el camino, y por eso se instaló un retén a la altura de El Vado, para que no se fueran los uniformados y pedirles que ayuden a los desplazados a regresar a sus hogares.

De manera lamentable, agregó Olivares Hernández, alrededor de las 19 horas de ayer el operativo concluyó, por lo que los compañeros desplazados se instalaron en un guardaganado, y fue cuando los policías estatales comenzaron a agredir a activistas, desplazados y una decena de periodistas que también fueron golpeados.

No participaron la Guardia Nacional ni los soldados

Aclaró que en el desalojo no participaron ni la Guardia Nacional ni los soldados. Quien dio la orden de expulsarnos fue David Portillo Menchaca, secretario de Seguridad Pública; hubo mucha violencia, incluso cortaron cartucho, y a la compañera Teodomira Rosales Sierra, abogada de los desplazados, la tiraron al suelo, y una mujer policía le puso el arma en el pecho a pesar de estar inerme. A muchos de nosotros nos apuntaron con las armas, acusó.

Para nosotros, subrayó, queda muy clara cual es la postura del gobernador (Héctor Astudillo), porque es el único que puede dar órdenes de ese tipo. Posteriormente nos enteramos de que en El Naranjo murió una persona.

Rechazó la versión de que el objetivo del bloqueo era impedir el operativo policiaco. Eso es lo que dice el gobierno en las redes, ¿cómo es posible que se tratara de impedirlo, si es lo que hemos estado demandando?, para que puedan retornar los compañeros desplazados a sus comunidades.

Mencionó que la llanta del vehículo de un reportero se ponchó debido a que presuntamente elementos de la UFE regaron objetos punzocortantes conocidos como arañas de clavo en la carretera Chilpancingo-Chichihualco.

Un periodista, que pidió el anonimato, señaló que los policías jalonearon a tres de sus compañeros “y vimos cómo a un niño desplazado, otro policía lo amenazó diciendo: ‘ven para acá, chamaco, verás cómo se mata’”.