omo cada año, damos aquí registro y breve análisis a los documentos definitivos que guían las finanzas del país: la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Los ingresos totales aprobados para 2019 ascendieron a 5.838 billones de pesos; los propuestos para 2020 a 6.096 b; y los finalmente aprobados a 6 billones 107 mil 732 millones, un parco incremento real total de 1.0% y un decremento de -0.2% en los ingresos del gobierno federal respecto a 2019 (Gráfico 1). Ello frente a una hacienda pública famélica de recursos no por falta de impuestos y gravámenes (que son muchos), sino por una ineficaz y desigual captación que gravita sobre las familias y las empresas de ingresos medios y sigue liberando carga fiscal efectiva (elusión) a quienes concentran desmesuradamente el ingreso y la riqueza en México: grandes corporativos y personas con muy alto ingreso (más de 250 mil pesos al mes).

Por ello, tal vez lo más notable de la Ley de Ingresos 2020 es el virtual estancamiento inercial en la captación del Impuesto sobre la Renta (ISR) como porcentaje del PIB en 7.1%, proporción alcanzada desde 2016 (Gráfico 2). Tal parece que clausurar las condonaciones abusivas, así como el plausible combate a las facturas apócrifas sólo tendrán un impacto marginal, y queda claro que la mega evasión-elusión que se da en la facturación falsificada en los paraísos fiscales (sobre y subfacturación corporativa), continuará intocable, al igual que las fortunas no declaradas y escondidas.

No se trata por ahora de incrementar las tasas del ISR, ni de captar con este impuesto el 28% del PIB como hace Dinamarca (Gráfico 3), pero sí de lograr al menos el 12.0 promedio de la OCDE en el principal impuesto redistributivo del país. El mismo cumplimiento que con rigor se exige a la ciudadanía debe exigirse a privilegiados y corporativos. Apremia también impulsar un acuerdo mundial para homologar el ISR.

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