La infructuosa pretensión que tenía Morena para reducir el financiamiento a los partidos políticos y su anuncio de que insistirán en esa reforma en 2020 iría a contracorriente con los sistemas electorales en América Latina, que han optado por fortalecer las aportaciones públicas para reducir riesgos de recibir recursos privados ilícitos, como del crimen organizado o bien de entes prohibidos que han generado algunos escándalos en campañas electorales.

Las legislaciones electorales latinoamericanas se han consolidado, en mayor o menor medida, por las aportaciones públicas a partidos y campañas. Según un análisis comparativo del marco jurídico del financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la región sólo Bolivia y Venezuela han revertido esta disposición al impedir el uso de recursos públicos para esos fines.

En el resto del continente, además de Chile, El Salvador y Nicaragua, esta disposición legal está restringida a las erogaciones que se realizan durante los procesos electorales. Sin embargo, en el caso de Chile la legislación establece que el Estado, a través del servicio electoral, otorgará a los partidos políticos aportes trimestrales que deberán ser destinados a la atención de los gastos de funcionamiento, la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles, el pago de deudas, el desarrollo de actividades de formación cívica a los ciudadanos, la preparación de candidatos a cargos de elección popular, la formación de militantes, la elaboración de estudios que apoyen la labor política y programática, el diseño de políticas públicas, el fomento a la participación femenina y de los jóvenes en la política.

En Argentina, se dispone que el Estado debe contribuir al normal financiamiento de los partidos reconocidos en las condiciones establecidas en la ley. Con tales aportes podrán realizar desenvolvimiento institucional, capacitación y formación política, así como campañas electorales en las primarias (selección interna) como en las constitucionales.

De acuerdo con estudios realizados por la OEA y la organización Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), el fortalecimiento del financiamiento público en las democracias latinoamericanas pretende inhibir la intromisión ilegal de empresas en las contiendas, como ocurrió en Brasil con la denominada operación Lava Jato y para reducir los riesgos de aportaciones por parte de organizaciones criminales.

Tras esa operación el Congreso aprobó reformas legales para conformar un fondo público que financió las campañas en los pasados comicios por un monto de 460 millones de dólares (poco menos de 9 mil millones de pesos) para reducir el riesgo de intromisión de las empresas en la contienda.

En contrapartida, México es considerado como uno de los países en donde los recursos son aportados por el erario a los partidos, tanto para el financiamiento de su operación cotidiana como de las campañas electorales. El más reciente comparativo de la OEA sobre el monto por elector sólo ubicaba al país por debajo de Uruguay, Panamá y Costa Rica, a pesar de que en las recientes reformas electorales se aprobó reducir el gasto de campaña.