La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dos nuevas peticiones del gobierno de Chihuahua y de su Secretaría de Hacienda estatal, que buscan ser reconocidos como víctimas del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario local durante la administración de César Duarte.

En los acuerdos de admisión, publicados los pasados 11 y 13 de diciembre, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reconoce a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles su calidad de terceros interesados en estos asuntos.

Se trata de los ex funcionarios estatales y ex dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presuntamente involucrados en el desfalco al erario de Chihuahua.

El documento señala que la SCJN se abocará a resolver cuatro aspectos de estos amparos. Primero, el contenido y alcance de los derechos de acceso efectivo a la justicia y a la reparación del daño, así como el concepto jurídico de víctima en el proceso penal acusatorio.

Los ministros también determinarán si las personas morales oficiales pueden ser reconocidas como víctimas u ofendidos, y si es el caso, qué requisitos deben cumplir.

Finalmente, la Corte determinará el tipo de representación jurídica que debe darse a las personas morales oficiales en caso de reconocerlas como víctimas.

Estos amparos fueron asignados para su análisis al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ya estudia casos similares.

En octubre pasado la SCJN desechó otra petición del gobierno de Chihuahua para que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena fuera declarado impedido para conocer de la controversia constitucional promovida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con la que busca evitar que se le llame a declarar sobre el desvío de fondos.

En mayo de 2018 la SCJN desechó, por notoriamente improcedente, un recurso de revisión del gobierno de Chihuahua para que este caso fuera resuelto únicamente por la justicia de ese estado. Los ministros señalaron que el asunto correspondía al fuero federal.

Si el gobierno y la Secretaría de Hacienda de Chihuahua son reconocidos como víctimas en estos casos tendrán la facultad de actuar como coadyuvantes en las investigaciones que realiza el gobierno federal.