Viernes 3 de enero de 2020, p. 22
Guadalajara, Jal., Durante la administración del priísta Aristóteles Sandoval y entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, ya en el gobierno de Enrique Alfaro, fueron resguardados 605 cadáveres de personas sin identificar en cámaras frigoríficas móviles, y no los 444 que las autoridades informaron en su momento, señalaron las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos.
Ambas instituciones documentaron durante ese periodo violaciones sistemáticas a las garantías individuales, que incluyen la decisión de archivar cientos de expedientes sin buscar a los familiares, falta de seguimiento a los protocolos para identificar cuerpos, inhumaciones sin cumplir los requisitos legales y una serie de omisiones descritas en la recomendación 40/2019, que este jueves fue hecha pública.
La Cedhj, además de dictar medidas para subsanar los múltiples atropellos encontrados, pidió a las autoridades estatales indemnizar a los deudos por todas las omisiones en que incurrieron y pidió que antes de que termine este mes el gobierno estatal se manifieste al respecto.
De septiembre de 2018, cuando se hizo público el caso del tractocamión con cadáveres apilados en una cámara frigorífica que circuló por varios municipios del área metropolitana de Guadalajara, lo que desató una crisis ante la cantidad de cuerpos sin identificar a resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), hasta febrero de 2019, ambas defensorías mantuvieron presencia permanente en las instalaciones de este último organismo para observar el proceso que fue identificado por las autoridades como contingencia del IJCF
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En ese lapso, la Fiscalía del estado y el IJCF informaron que fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas las que se acumularon y resguardaron en tres cajas frigoríficas móviles y en las cámaras fijas del propio instituto.
Sin embargo, personal de la Cedhj advirtió la acumulación de 605 cuerpos, por lo que inició de oficio 604 quejas (una de ellas con la indagatoria de dos personas fallecidas) para determinar si se garantizaron los derechos post mortem y el trato digno a los cadáveres sin identificar, además del cumplimiento de los protocolos necesarios para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de sus familiares.