Sábado 4 de enero de 2020, p. 23
Para las autoridades de la Ciudad de México, el ex director del Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo Collins Flores, es considerado prófugo de la justicia porque la orden de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades en el organismo está vigente, mientras el recurso de amparo que impediría su captura aún no se resuelve.
Collins Flores solicitó el pasado 23 de diciembre la protección de la justicia federal a través de un amparo que será resuelto en audiencia el próximo 17 de enero, en tanto que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local continúa con las indagatorias que lleven a su paradero.
En la dependencia se confirmó que quien también fuera secretario de Seguridad Pública en los últimos meses de la pasada administración no está en la Ciudad de México, aunque permanece en el país, por lo que independientemente de que si un juez federal otorga el amparo, la PGJ solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) la emisión de una alerta.
Con el recurso legal las autoridades judiciales prevén evitar que Collins Flores abandone el país luego de que ya existe una orden de aprehensión en su contra, cuya existencia confirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La orden de captura en contra del ex funcionario es por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del Invi en la pasada administración, encabezada por Miguel Ángel Mancera.
Después de abrir al público el parque ecológico de la Ciudad de México, la mandataria explicó que durante la entrega-recepción en esa dependencia se detectó que se había otorgado un monto muy importante, de varios millones de pesos, que no tenía sustento en ningún crédito ni en promoventes sociales que solicitaban vivienda.
Sencillamente se otorgó el recurso directamente para la construcción de viviendas que más que sociales son de nivel medio. Ese es el fondo del asunto y ya todos los detalles de la orden de aprehensión, cuándo, cómo, etcétera, los puede dar la Procuraduría
, expuso Sheinbaum.
Collins Flores estuvo como titular del Invi desde 2012 hasta 2018, cargo que dejó cuatro meses antes de concluir la anterior administración para fungir como secretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde al juzgado de distrito en materia de amparo –con sede en la ciudad de México– definir si otorga la protección al ex funcionario, quien no ha pedido, hasta el momento, que se le otorgue una suspensión provisional.
El juzgado federal inició el expediente 110/19 con base en el recurso presentado el pasado 23 de diciembre y en el que se menciona como autoridades responsables a Cristian Ricardo Franco Reyes, juez de control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a la PGJ local y a otras autoridades que pudieran dar cumplimiento a la orden, emitida presuntamente por el desvío de recursos en la gestión de Collins.
