or qué se ataca y calumnia al gobierno y al Presidente? ¿Por qué con tanta saña y tanta constancia? En mi opinión, porque quienes ven afectados sus intereses con el cambio de dirección económica en el país no encuentran otra manera de manifestar su molestia por la afectación a sus ganancias; frenar la corrupción, cerrar las exclusas al torrente de contratos ventajosos e iniciar una fundada campaña en contra de patrimonios gigantescos y exagerados, sin congruencia con ingresos legítimos, no lo pueden tolerar.
Pero principalmente porque quienes no tienen más patria que el dinero y los intereses particulares, ven, sin poder impedirlo, que se desmantelan las llamadas reformas estructurales del gobierno peñista y, sin entender bien a bien qué sucede, perciben cómo una nueva línea política contraria al neoliberalismo impuesto y una vuelta a la rectoría del Estado en la economía están cambiando al país de injusto y desigual a equitativo.
No se trata, como muchos críticos piensan, de la imposición de un régimen marxista en el que todos los medios de producción estén en manos del Estado; ni comunismo ni mucho menos; es el rescate de la economía mixta que la Constitución de 1917, con acertada intuición de los constituyentes, estableció en su capítulo económico, para regir la forma de distribuir la riqueza con mayor equidad y sin recurrir a medidas extremas.
La Constitución –en los artículos 25, 26 y 27– distinguió tres sectores económicos: el público, el privado y el social, y estableció reglas para su convivencia armónica. Durante los largos años de gobiernos priístas no se permitió que la democracia política se implantara cabalmente, pero sí funcionó la economía mixta y el Estado mantuvo lo que se llama la rectoría sobre la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, mediante herramientas que le permitieron corregir desajustes e inequidades; no era perfecto el sistema, pero su pura existencia y reconocimiento sirvieron a nuestros país para lograr durante mucho tiempo un desarrollo y un crecimiento simultáneos.
Dentro de este esquema, cabe destacar que la Constitución reservó algunas áreas de la economía como exclusivas del Estado, las consideró como áreas estratégicas, muy relacionadas con la defensa de la soberanía y como puntos claves para no ser arrollados por el neoliberalismo rampante impuesto por las grandes empresas trasnacionales y por la globalización imperante. El término estratégico, está tomado del lenguaje militar, es una posición ventajosa en una batalla o en una guerra, y abandonar una posición estratégica es equivalente a una traición.
La Constitución consideró como áreas estratégicas el servicio de correos, la energía atómica, la eléctrica, la producción de hidrocarburos –el más importante, el petróleo– y se reservó la propiedad de estos sectores y servicios para sí, en representación de la nación y para ser administrados por organismos públicos. Ciertamente, hubo corrupción, como en casi todo el sistema, pero durante muchas décadas –en especial el petróleo– permitieron a México crecer y consolidarse; otras áreas se consideraron sólo prioritarias, como la banca, las telecomunicaciones y algunas más, que pueden ser propiedad de particulares, pero requieren una vigilancia por parte del Estado; es decir, sobre ellas se ejerce la rectoría pública, que sirve para corregir y prever errores y políticas dañinas para la economía del país y una mejor distribución de lo que esas áreas prioritarias generan.
El antiguo régimen descuidó la rectoría del Estado, permitió que grandes empresas, entre ellas la banca, funcionaran sin buscar el bien de todos y sin equidad; toleró monopolios y permitió una corrupción generalizada; finalmente, durante el gobierno de Peña Nieto no sólo se renunció a la rectoría del Estado, sino que se desmantelaron las áreas estratégicas y se permitió que éstas quedaran en manos de empresas privadas y extranjeras; con ello, México estuvo a las puertas de convertirse en un territorio ocupado sin ni siquiera un disparo o un soldado invasor; sólo maniobras económicas y entrega de nuestro territorio, incluidos los litorales, los aeropuertos, el crédito y la banca.
El actual gobierno ha dado pasos firmes para recuperar las áreas estratégicas y ha retomado el timón de la rectoría del Estado; no pretende ni siquiera acabar con la inversión privada ni con sus ganancias, simplemente se trata de vigilar y corregir, para que la codicia no desemboque en desigualdades inaceptables y en explotación de los más débiles y marginados por los más fuertes y poderosos. Los que atacan al gobierno no toleran el rescate de las áreas estratégicas ni la vuelta a la rectoría económica y se revuelven con ira y atacan a la administración actual.
En una de las últimas estrofas de La suave patria, López Velarde dice, intentando una profecía: quieren morir tu ánima y tu estilo.
No lo permitiremos, la patria no se vende, se defiende.
