Buenos Aires. Ha regresado al escenario político el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien en 2005 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner estaba a cargo de la causa que investigaba el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en julio de 1994, y fue encontrado muerto en el baño de su departamento con una pistola en la mano y un disparo en la sien.

Nisman nunca resolvió el caso, por lo cual los familiares de las víctimas –85 en este caso– exigían una respuesta a esta larga causa, cuyo principal obstáculo es la injerencia de Estados Unidos e Israel, que al día siguiente del atentado decidieron que el culpable era el gobierno de Irán, sin prueba alguna hasta ahora.

Por esta razón la ex presidenta Cristina Fernández y su entonces canciller Héctor Timerman (qepd) lograron a finales de 2013 firmar un memorándum de entendimiento con las autoridades iraníes, a varios de cuyos funcionarios acusan Israel y Estados Unidos, para que pudieran viajar jueces y fiscales del caso AMIA para indagarlos en Teherán, con la presencia de un grupo de notables de todo el mundo, debido que Irán no tiene acuerdo de extradición.

Esto fue votado por el Congreso y apoyado por familiares de las víctimas y la derechista Delegación de Asociaciones Israelí-Argentina DAIA que luego, por órdenes de Israel, se opuso, acusando a la ex presidenta de querer favorecer a los iraníes.

En 2015 Nisman acusó de manera sorpresiva a la ex presidenta de firmar el acuerdo por temas comerciales y otros supuestos favores a Irán, cuyo Parlamento no llegó a aceptar el memorándum ante el ataque del gobierno israelí a esta solución. De hecho, no se logró dar un solo paso y por lo tanto nada podía ser considerado un delito.

El hecho es que Nisman presentó de manera apresurada una denuncia –al regresar de urgencia no se sabe llamado por quién a Argentina cuando estaba de vacaciones en Europa– contra la ex presidenta, el ex canciller, un ex diputado, dos dirigentes sociales y un militante de la comunidad árabe de este país.

Nisman debía presentarse en el Congreso para explicar los fundamentos de su denuncia, pero un día antes de comparecer fue encontrado muerto en su casa.

La denuncia fue rechazada por un magistrado federal, ante la falta de pruebas, incoherencias e insolvencia jurídica.

La investigación sobre la muerte de Nisman, obstaculizada todo el tiempo por la oposición a Kirchner, concluyó, mediante la intervención de 13 peritos, entre ellos los profesionales de la Corte Suprema de Justicia, que el fiscal estaba solo al momento de su muerte y no hubo ninguna otra señal en su departamento de presencia alguna, con lo que se impuso la tesis del suicidio, ya que incluso él había pedido el arma a un amigo cercano.

En el gobierno de Macri, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muy ligada a Israel, decidió una nueva pericia que realizó la gendarmería nacional, bajo sus órdenes casi cuatro años desde la muerte de Nisman, y además se construyó un símil de la escena de los hechos y nadie sabe cómo se pudo llegar a la conclusión de que dos hombres habrían sedado al fiscal y lo habrían matado simulando el suicidio y habrían escapado.

La disparatada pericia fue investigada por un periodista local, que demostró con documentos y de manera detallada que esta teoría no tenía ningún sutento.

Ante esta situación el presidente Alberto Fernández avaló la decisión de las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad para investigar esta pericia y termina denunciado por la madre de Nisman, una de cuyas primeras acciones al encontrar muerto a su hijo fue vaciar la caja fuerte y al otro día las cuentas que tenía en diversos bancos en esta capital, tras lo cual viajó a Israel. Y esto regresa en el contexto de una tensa situación internacional.