El Congreso de la Ciudad de México no ha hecho públicos los resultados de 26 auditorías a sus finanzas, bienes y programas que fueron realizadas a lo largo de 2019 por la contraloría interna.

De acuerdo con su página de transparencia, los 26 procesos que iniciaron en el primer semestre del año pasado siguen en ejecución, por lo que no se han dado a conocer los resultados ni las recomendaciones hechas en las áreas auditadas. Es decir, han pasado seis meses sin que se hagan públicos los informes de la contraloría interna.

Las auditorías, tanto administrativas como financieras, están destinadas a evaluar diversos aspectos del Congreso local, entre ellas verificar el proceso de dispersión de vales electrónicos, el funcionamiento del Canal del Congreso –el cual permanece acéfalo desde octubre pasado–, así como evaluar el estado del equipo automotriz, bienes muebles y verificar el correcto manejo de datos personales.

Por su parte, en una respuesta de información pública, la unidad de transparencia detalló que hasta el momento no ha presentado denuncias administrativas o penales derivadas de las auditorías a funcionarios en el Congreso de la Ciudad de México.

Sanciones menores

Hasta el momento, en la página de transparencia del Legislativo aparecen los nombres de cuatro trabajadores sancionados por no presentar su declaración patrimonial como ordena la ley.

En 2019 se inhabilitó por un año a un asesor adscrito a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de nombre Juan Carlos Reyes Blancas.

En 2018 la contraloría interna también inhabilitó por un año a tres ex asesores de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes fueron sancionados con un año de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Dos estuvieron adscritos a la Unidad de Estudios de Finanzas y uno a la Oficialía Mayor.

Los cuatro ex funcionarios fueron sancionados por violar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.