ste año se inició con nuevas perspectivas para la economía y la sociedad mexicana. Las estimaciones de crecimiento del producto interno bruto y de la inversión en al menos 2 por ciento alientan el optimismo nacional y la confianza en que el gobierno de la República diseñó un plan y una estrategia adecuada a fin de corregir los vicios acumulados de las administraciones anteriores y para restablecer el rumbo y ordenarlo sobre bases más sólidas.
Lo vemos con mayor claridad en la política social, pues haber incrementado los salarios mínimos en más de 36 por ciento en un año y un porcentaje mayor a 100 en las zonas fronterizas, dan una clara idea de que sí hay un cambio radical en la estrategia laboral para beneficiar a la clase trabajadora y con ello mejorar al poder adquisitivo de los salarios, el consumo y la demanda, que a su vez estimularán el mercado y la estructura productiva interna.
Las reformas hasta ahora aprobadas en el marco jurídico dan mayor certidumbre de que el destino es correcto y de que el cambio de régimen está transformando a la sociedad hacia mayor democracia, transparencia y justicia para beneficio de las mayorías y no sólo de unos cuantos. En ése y en otros campos más nos hemos distinguido y destacado por encima de la mayoría de los países latinoamericanos, porque los movimientos son profundos, pues México no podía soportar más un gobierno como los anteriores, hundidos en la superficialidad, la corrupción y desleales a la nación.
Sin embargo, hoy tenemos varios retos para alcanzar una economía sana, moderna, sin chantajes de algunos inversionistas que hasta ahora sólo se han aprovechado de la explotación desmedida de los recursos naturales y de la mano de obra mexicana, sin tener algo que ofrecer al pueblo de México en términos de mayores oportunidades y mejores niveles de bienestar, justicia, respeto y prosperidad compartidos.
Entre los desafíos más importantes, hay que subrayarlo, está la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en materia de subcontratación ( outsourcing por su denominación en inglés), que tanto daño ha hecho al país por la evasión fiscal, la pérdida de derechos laborales y el incumplimiento de las aportaciones a los institutos sociales de salud (IMSS), vivienda (Infonavit) y al fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores (Afore).
Esta reforma, como bien es sabido, fue aprobada por unanimidad en el Senado en diciembre de 2019 por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda. Hoy sólo está pendiente la votación en el pleno de la cámara alta del Poder Legislativo, que seguramente se hará el próximo periodo de sesiones. Es conveniente aclarar que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió, al margen de estas comisiones, posponer la decisión y otorgar un plazo más amplio para extender las discusiones de los empresarios dedicados al outsourcing ilegal, que utilizan facturas falsas y simulan emplear a los trabajadores con este sistema (8 millones de ellos), ocultando así las responsabilidades legales y laborales de las verdaderas empresas que originalmente los contrataron.
Como algo vergonzoso, desleal y de traición a los intereses nacionales, esos empresarios consiguieron que la Jucopo extendiera el tiempo y lo convirtieran en un instrumento para reforzar su campaña a fin de que no se apruebe una reforma que evitaría tantos perjuicios, no solamente a la hacienda federal, con evasión fiscal de más de 500 mil millones de pesos por año.
Lo peor del caso es que en lugar de haber utilizado estos dos meses para autocorregirse y regular su situación, como está previsto en la iniciativa de ley, lo están usando para atacar y buscar desprestigiar a los que somos promotores de esta trascendente y fundamental reforma. Pero no lo van a lograr, pues con su actitud lo único que enseñan es su falta de escrúpulos, su ambición y avaricia para que nada cambie, así como su deslealtad a los trabajadores y a la patria. Son, como señaló un amigo mío, los modernos esclavistas dueños de las antiguas tiendas de raya de la época porfirista.
Otro reto importante para este año en materia laboral es la aprobación en el pleno del Senado de otra reforma a la LFT a fin de incrementar el pago de los salarios caídos o vencidos en los juicios laborales por despidos injustificados, que también ya fue aprobada por unanimidad hace dos meses en la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social que tengo el honor de presidir.
Igualmente, está pendiente la designación del director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como revisar el tema de las cuotas sindicales, entre otros asuntos más.
Finalmente, las cuestiones relacionadas con la desigualdad, la inseguridad y el combate a la corrupción, que van de la mano juntas, serán tarea permanente del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su compromiso con la nación es claro: consolidar cada día de su administración este gran proyecto de transformación política, económica y social en beneficio de la gran mayoría del pueblo mexicano y de las futuras generaciones.
