a hay gobierno ¿Cuánto durará? es otra cosa. La designación en el parlamento del candidato del PSOE Pedro Sánchez, propuesto por el rey Felipe VI, ha logrado los votos necesarios para ser investido como séptimo presidente de la monarquía parlamentaria, bajo la Constitución de 1978. La novedad, un gobierno de coalición en el cual participa la formación electoral Unidas Podemos. En su interior, cohabitan progresistas, comunistas, socialdemócratas, antimilitaristas, independientes, cristianos, socialistas, anticapitalistas y marxistas. En la suma PSOE-Unidas Podemos, se reconocen militantes feministas, LGTB, ecologistas, federalistas, republicanos, emigrantes, jóvenes, pensionistas, profesionales, trabajadores, medianos propietarios, una amalgama representativa de la diversidad que hoy define el Estado español. Así, la alianza que gobernará España en el periodo 2020-2024 va de la socialdemocracia al partido comunista. Una experiencia sin precedentes en la historia reciente de España. El Consejo de Ministros contará con miembros de diferentes tradiciones políticas y organizaciones, lo cual conlleva un añadido de complejidad a las acciones de gobierno, las competencias, el secreto de sus deliberaciones y sobre todo los límites de las reformas a implementar. Un reto al cual sumar la necesidad de cuadros que hagan viable el trabajo cotidiano en los ministerios correspondientes a Unidas Podemos. Puestos de responsabilidad que supondrá un control de activos, que serán objetivo de la derecha para su descalificación.

Si lo anterior es una verdad de hecho, el programa de la coalición busca dotar sus propuestas de un contenido social donde sobresalen medidas para recuperar las libertades civiles, revertir los recortes salariales, aumentar las pensiones y dotar los fondos necesarios para las políticas de memoria histórica, dependencia, igualdad de género, educación pública, sanidad y vivienda que durante los gobiernos del Partido Popular sufrieron recortes, se paralizaron o simplemente se ignoraron. No menos destacables son los cambios propuestos en la legislación laboral, los impuestos o el medio ambiente. Sin olvidar que la propuesta fue refrendada con la abstención de Ezquerra Republicana de Cataluña y el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco. Circunstancia dada por el acuerdo para abrir un diálogo sobre el problema nacional y buscar una salida política no judicial al conflicto en Cataluña. En definitiva, todas, buenas intenciones a las cuales no es posible oponerse desde una perspectiva mínimamente progresista. Pero los acontecimientos vividos en la sesión de investidura hacen ver que se abre un periodo donde cada medida será cuestionada por la derecha y los aliados de coyuntura, que pueden perfectamente transitar de la abstención o el sí, a la oposición, paralizando toda la legislatura.

La derecha española, que ya mostró su cara en sus actos para evitar el triunfo de Sánchez y que contó, entre otros, con el inestimable apoyo de los votos de la derecha independentista catalana, no tiene empacho en señalar que el gobierno nacido del parlamento es ilegítimo y rompe la Constitución, ubicándose a los márgenes del Estado. La derecha, se autoproclama la única representante legítima de España, a la cual se le ha usurpado el poder, mediante acuerdos torticeros ajenos a la Constitución. No hace falta ser muy avezado para entender cuál será su comportamiento a partir de la toma de posesión ante el rey Felipe VI. Baste como dato, la editorial del periódico La Tribuna del País Vasco, cuyo encabezado sintetiza la visión del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y sus aliados menores: La extrema izquierda socialista conquista el gobierno de España apoyada en una horda de comunistas, independentistas y filoterroristas. Sólo ha faltado agregar al titular: con la complicidad de la monarquía borbónica. Su actitud ha sido amenazante, deseando la muerte de los representantes de Bildu, tanto como interrumpir continuamente la sesión cuando intervenían los portavoces de los partidos políticos que se abstenían o daban el sí. Igualmente, han promovido el trasfuguismo, insinuando favores y bienaventuranzas, es decir potenciando la corrupción, la misma que dicen atacar, a quienes votasen no. Recordemos que la diferencia fue de dos votos. Votaron a favor 167 diputados; 165 optaron por no y 18 se abstuvieron.

Pablo Casado ha calificado al presidente de Gobierno de: traidor, felón, ilegítimo, deslegitimado, mentiroso compulsivo, ridículo, adalid de la ruptura de España, mediocre, okupa, rehén, chovinista del poder, desleal e incapaz, entre otros apelativos. De tal forma, el objetivo de la derecha, toda, será activar una acción desestabilizadora, no hacer oposición. Sólo les interesa el poder y mantener sus privilegios de clase. La democracia, lo hemos señalado por activa y pasiva, no forma parte de su ideología ni de su propuesta política. Sin propuesta democrática, un partido no es democrático, convirtiéndose en una jauría humana, retrotrayendo la historia, manipulando la realidad y declarando que este gobierno es ilegítimo en tanto, para serlo, ha recurrido a los traidores de la patria, los independentistas, los comunistas y los antisistema. Según sus postulados, ellos son los únicos defensores de la Constitución, del orden, la gobernabilidad y por tanto con aval para ser gobierno. Es decir quienes ganaron las elecciones, se coaligaron, forman alianzas, presentan un programa son usurpadores, golpistas y trasgresores del orden constitucional, conclusión: hay que desconocerlos y autoproclamarse gobierno legítimo, buscando el reconocimiento internacional. Seguramente Juan Guaidó, el autoproclamado en decadencia, lo reconocerá, Bolsonaro y Jeanine Áñez le darán su visto bueno.