En marcha, la segadora anticorrupción
os tiempos apremian y el clamor de justicia al gobierno capitalino suena cada vez con mayor insistencia. La muy dura labor de ir desenterrando poco a poco los cadáveres que sepultó entre miles y miles de papeles la administración pasada dejó de ser un enunciado, una amenaza, y se empieza a convertir en una realidad que podría ser el hecho que restañe credibilidad al aparato de gobierno, muy dañado por eso que hoy se empieza a documentar.
Desde luego, hay quienes no entienden que el esfuerzo por crear un verdadero ámbito de justicia en la ciudad debe partir de todos lados. Por ejemplo, los panistas, listos a mostrar que un chanchullo siempre es mejor, nos dejó ahora en el Consejo de la Judicatura a Ricardo Amezcua Galán, personaje de quien no se pueden esperar juegos limpios.
Amezcua se convirtió en delegado de Benito Juárez en sustitución de Jorge Romero, sí, el mismo que encabezó al grupo de los marranos de la desaparecida Asamblea Legislativa, quienes, según dicen, hicieron mal uso de los recursos destinados a la reconstrucción de muchos edificios luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Fue el cómplice de Romero, es decir, quien le cubrió las espaldas en la delegación, y que hoy ha sido premiado con un puesto en la judicatura, donde parece que cada quien hace lo que se le pega la gana.
Donde parece que las cosas han quedado más claras es en el terreno de la investigación. Se han fincado acusaciones y órdenes de aprehensión en contra de un buen grupo de funcionarios, siempre de la administración pasada. Los casos de los ex secretarios se han convertido en escándalo y pareciera como si se estuviera marcando alguna advertencia.
Cuando menos seis funcionarios de alto nivel han sido solicitados por la PGJ, por medio de órdenes de aprehensión, para aclarar situaciones que podrían ser señaladas como casos de corrupción: el primero fue Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; Édgar Tungüí, secretario de Obras, primero, y luego comisionado para la Reconstrucción; más tarde se giró orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Vásquez, quien terminó su gestión como jefe del gabinete del ex jefe de Gobierno anterior.
Antes de concluir el año dimos a conocer en este espacio que el ex director del Instituto de Vivienda Raymundo Collins era buscado por la justicia, pero frente al instrumento girado por la procuraduría, el ex funcionario consiguió un amparo que aún lo tiene fuera de la cárcel. Por su parte, Julio César Serna, quien fungió como director de la Central de Abasto, tiene en su poder un amparo, aunque hasta donde se sabe no hay una orden para presentarlo ante un juez en su contra. Ayer, ya entrada la noche, se supo de la detención de Fernando Javier Linares Salvatierra, quien se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos y como director ejecutivo de Asuntos Inmobiliarios en 2018, cuando Collins encabezaba el instituto.
Pero el asunto no para ahí, las carpetas de investigación son más de las que se esperaban. Para muchos ex funcionarios la lumbre no les ha llegado a los aparejos. No hace mucho, el 26 de diciembre, Collins gozaba de un buen desayuno en el restaurante Los Cuatro Vientos, parada obligada de camino hacia Acapulco, sin que se le notara ninguna preocupación. Allá él.
De pasadita
Para Claudia Sheinbaum, cuando se trata de corrupción, no sólo mira hacia atrás. Ya se investiga la compra de algunas bicicletas con motor que se adquirieron bajo las órdenes de Jesús Orta, entonces jefe de la policía, donde aparentemente hay serias anomalías. Ya veremos qué resulta.
