Salvador Lara Martínez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), presentó un recurso de revisión contra el fallo del juzgado primero de distrito en materia penal en la Ciudad de México que le negó un amparo contra la sentencia dictada por un juez de control federal, ya que luego de reponer una audiencia de nuevo lo vinculó a proceso.

Para el juzgador en materia de amparo, la determinación del juez de control se encuentra apegada a la legalidad y no vulnera derechos fundamentales del quejoso.

Las autoridades relacionan a Lara Martínez con el millonario desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos que fueron otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga (quien en la actualidad se encuentra en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha) al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre 2012 y 2018, caso conocido como la estafa maestra.

Lo anterior derivó en un probable daño patrimonial por más de 8 millones de pesos, advirtió en su momento la Auditoría Superior de la federación (ASF). Por este caso, Salvador Lara fue inhabilitado por 20 años para desempeñar cargos públicos.

En septiembre, el ex rector ganó un amparo en el cual se ordenó al juez de control del Reclusorio Norte, Orlando Íñiguez Delgadillo, dejar sin efecto la audiencia inicial del 23 de enero de 2019 y la de continuación, del 28 del mismo mes, donde se le formuló imputación y vinculó a proceso, respectivamente, así como reponer el juicio, entre otras cosas, por violaciones al principio de oralidad.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, ese mismo mes el juez de control decidió vincularlo a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Según la resolución del juzgado primero de amparo y de acuerdo con los datos de prueba, la intervención de Lara Martínez en grado probable se derivó de la suscripción de cinco proyectos a los cuales se anexaron las cinco propuestas técnicas de los ciudadanos beneficiarios, atendiendo a los lineamientos de la convocatoria emitida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Además, porque una vez aprobados los requisitos de la convocatoria, el imputado celebró los contratos de cesación de derechos con los beneficiaros; sin embargo, cuatro de los cinco ciudadanos indicaron en entrevistas que nunca manifestaron su voluntad de intervenir o participar en la multirreferida convocatoria ni acudieron a las instalaciones de Sagarpa a firmar los contratos de cesación de derechos, y las firmas no coinciden con las suyas, situación que se corroboró con el dictamen de un perito oficial, quien concluyó que las firmas de cuatro de esos beneficiarios no coincidían con las estampadas en siete documentos en poder de la dependencia, dice la resolución.

Por ello le negaron el amparo y ahora toca al colegiado determinar si le otorga una vez más la protección de la justicia.