Miembros del colectivo Zapata Vive cumplieron este miércoles más de 48 horas de mantener tomada la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca en Tlalpan –sin bloquear el paso ni pedir dinero a los automovilistas– para exigir que el gobierno federal ordene la liberación de tres de sus compañeros, quienes según los inconformes, permanecen detenidos de forma ilegal por policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

Kenya Hernández, integrante de la organización popular, recordó en entrevista que desde finales de 2018 ella y otros activistas –entre ellos Arturo Campos– han sido acusados de promover grupos guerrilleros e incluso han recibido amenazas de muerte, para que cesen sus demandas por la liberación de presos políticos y en defensa de los recursos naturales de diversas comunidades guerrerenses.

En dicho contexto, indicó, varios miembros de Zapata Vive fueron detenidos y encarcelados por la Upoeg en la Casa de Justicia ubicada en la comunidad de San Luis Acatlán, entre ellos Ulises Hernández Hernández, cuyos familiares lo liberaron por la fuerza el 29 de septiembre del año pasado.

De acuerdo con Kenya Hernández, los policías comunitarios de corte paramilitar que habían detenido a su compañero acusaron a los también activistas Adriel Mosso, Santiago Zamora y Luis Martínez de haber participado en dicha liberación, por lo que desde hace tres meses los mantienen presos de manera irregular e injustificada.

Desde ayer (martes) me llamaron de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para decirme que están tratando de intervenir en el tema y que ya liberáramos la caseta, pero no nos vamos a mover hasta que resuelvan la libertad de nuestros compañeros o agotemos la vía del diálogo. Si nos desalojan, ya tenemos acordado irnos a huelga de hambre en la entrada de Palacio Nacional, señaló.

Hernández lamentó que, aunque la represión directa de los cuerpos de seguridad ha aminorado, los luchadores sociales siguen siendo víctimas de criminalización y amenazas para obligarlos a dejar sus actividades de denuncia y de defensa de los recursos naturales de diversas comunidades de Guerrero.