En el país todavía son deficientes las acciones que se llevan a cabo para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población, sobre todo de niñas, adolescentes, personas lesbianas, bisexuales y transgénero, portadores de VIH e indígenas, afirmaron especialistas.

Lizbeth Quezada, coordinadora de programas de la organización Balance, expuso que en mayo del año pasado se aprobó la reforma al artículo 3 de la Constitución que incluye la educación sexual y reproductiva, además de integrar la perspectiva de género en planes y programas de estudio, por lo que urgió a que se implemente de manera efectiva.

Dijo que el acceso a métodos de anticoncepción aún es limitado, para los adolescentes. “En muchas ocasiones el personal de salud no los reconoce como sujetas de derechos. Y en las clínicas no se visibilizan necesidades de las personas de la diversidad sexual.

En la presentación de la campaña #AcelerarElAvance: Salud y derechos sexuales y reproductivos, lamentó que la interrupción legal del embarazo siga sin estar garantizada en todo el país. Refirió que según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 17.7 por ciento de las mujeres en edad reproductiva han tenido al menos un aborto, es decir una de cada cinco.

Sofía Alessio-Robles, coordinadora de la REDefine México, del Instituto de Liderazgo Simonede Beauvoir, indicó que entre 2009 y 2016, se recibieron 70 mil 630 denuncias por violaciones sexuales en procuradurías generales de justicia, pero sólo se reportaron 62 procedimientos por aborto por violación en las secretarías de salud locales.

Indicó que en los estados los servicios de salud sexual y reproductiva no se ofrecen desde una perspectiva de juventud, género ni de interculturalidad. Tampoco, advirtió, se promueve la corresponsabilidad masculina en el ejercicio de la sexualidad.

Recordó que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor número de embarazos adolescentes. Solamente en 2017 se registraron 379 mil 268 nacimientos en mujeres de entre 15 y 19 años.

Nasheli Noriega Izquierdo, directora de coordinación interinstitucional e intergubernamental de la Conapo, anunció que Eurosocial –agencia internacional enfocada en supervisar políticas públicas– evaluará la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Se tienen identificadas situaciones que obstaculizan la disminución del embarazo prematuro como son la violencia, la interseccionalidad y el acceso a la educación sexual.