El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, resaltó que en cuanto se reinicie el periodo de sesiones, se deberá retomar la reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por el que se eleva a dos años el monto de los salarios caídos para trabajadores despedidos de forma injustificada que hayan ganado el juicio laboral correspondiente.

Es una iniciativa suya, aprobada en comisiones el pasado noviembre, que no se aprobó ante el pleno por la resistencia de empresarios y de las autoridades laborales.

La iniciativa planteaba inicialmente regresar a la redacción original del artículo 48 constitucional, antes de la reforma laboral de 2018, en el que no había tope para el pago de salarios caídos y el patrón debía cubrirlos desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del laudo emitido por la autoridad laboral.

Expuso el senador que, después de escuchar a empresarios y a la Secretaría del Trabajo, en las comisiones dictaminadoras se modificó la iniciativa y sólo se duplicó el tope , que pasó de 12 a 24 meses, un porcentaje razonable para trabajadores que hayan sido echados a la calle de manera arbitraria.

El también dirigente del sindicato minero, comentó que es un tema prioritario, junto con la ley para regular la tercerización (outsourcing) y la designación del director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se trata, explicó, de un organismo relevante en el nuevo esquema de justicia laboral, en que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la resolución de conflictos obrero-patronales pasará al Poder Judicial.

Por otra parte, se congratuló de que se repondrá el recuento en la em­presa PKC Arneses, donde un sindicato de la CTM había ganado con infinidad de anomalías la votación por la titularidad del contrato colectivo de trabajo al sindicato minero.

Es un gran avance, dijo, ya que, de acuerdo con la resolución del 14 tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, se dejó sin efecto el resultado de la votación por la titularidad del CCT, celebrada el 9 de mayo pasado, por violaciones a la libertad sindical, y determinó que se deberá realizar un tercer recuento entre los más de 5 mil obreros de la trasnacional, ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila.

En dos ocasiones anteriores, resaltó, la empresa PKC y el sindicato afiliado a la CTM de Coahuila, que dirige Tereso Medina,se opusieron a un proceso limpio y transparente y obtuvieron la mayoría de los votos de los trabajadores mediante irregularidades e incluso recurrieron a golpeadores para amedrentar a los obreros, a quienes agredieron con armas y palos, incluso, fue asesinado el abogado Abraham Garcilazo Espinosa, coordinador jurídico del sindicato minero.