El uso discrecional y el desvío de recursos en el Seguro Popular prevaleció durante la mayor parte de los 16 años que estuvo vigente. No había mecanismos de control, por lo que en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua se denunciaron irregularidades que, de acuerdo con información oficial, llevaron a la Secretaría de Salud (Ssa) a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

Al cierre de la pasada administración se informó de más de 7 mil millones de pesos cuyo destino se desconocía. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre de 2018; aunque hace unos días, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que remplazó al Seguro Popular, sostuvo que los estados tienen deudas que superan 54 mil millones de pesos.

Señaló que se trata de dinero que deben a proveedores de medicamentos, prestadores de servicios diversos e impuestos, entre otros. El funcionario no abundó, pero aclaró que corresponde a la Secretaría de la Función Pública la investigación y determinar las acciones a seguir. En todos los casos, puntualizó, los estados responderán por dichas deudas.

Respecto de los 7 mil millones de pesos no aclarados que señalaron las autoridades anteriores, destacaban los recursos sin comprobar de Michoacán, 3 mil 474 millones 527 mil pesos; Veracruz, 2 mil 222 millones 832 mil 332; Guerrero, mil 238 millones 228 mil 266; Tabasco, 190 millones 428 mil 332; Morelos, 81 millones 94 mil 740, y Nayarit, 59 millones 995 mil pesos.

De los desvíos registrados durante la vigencia del Seguro Popular, el efecto era evidente en la deficiente calidad de los servicios de salud que recibían los afiliados, así como en el desabasto de medicinas, que llegó a ser de 70 por ciento en Veracruz.

El estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de 2013 reportó estos datos, según los cuales en Quintana Roo 48 por ciento de los usuarios había logrado surtir sus recetas. El promedio nacional ese año fue de 64 por ciento, a pesar de que sólo se consideraron los medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), de los cuales se suponía estaba garantizado el abasto.

No había justificación para que existieran estos problemas, porque la ley garantizaba la entrega de recursos económicos para la prestación de los servicios y la entrega de fármacos. Lo que no había, hasta 2014, eran mecanismos que aseguraran el uso eficiente del dinero.

Por eso se dieron casos como el de Veracruz, donde además del desabasto se encontraron almacenes con medicinas caducas y adquisiciones de productos irregulares o de procedencia sospechosa.

En 2015 entró en vigor la reforma legal que estableció mecanismos para asegurar que 30 por ciento del dinero –como ordenaba la ley– se usara en la compra de medicinas. El dinero se depositaba en cuentas de la Tesorería de la Federación, de donde salía para el pago a proveedores, previa presentación de las facturas de compra.