La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la suspensión otorgada al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, para que el Congreso estatal no pueda sancionarlo por el uso de recursos públicos con fines electorales hasta que se resuelva la controversia constitucional sobre el asunto.

La SCJN declaró infundados dos recursos de reclamación que impugnaban la suspensión otorgada a Rodríguez Calderón por el ministro Eduardo Medina Mora horas antes de que éste renunciara a su cargo, el pasado 3 de octubre.

De esta forma, el Congreso de Nuevo León queda impedido para dictar una sanción, aunque los procesos en otras instancias pueden continuar.

La SCJN tiene pendientes dos resoluciones sobre este caso; la primera corresponde a una reclamación del Congreso local que busca impugnar la decisión de Medina Mora. Este recurso fue dirigido a la primera sala y se espera que sea resuelto en unas semanas.

Si esta controversia es confirmada, faltaría que el pleno de la Suprema Corte dicte sentencia de fondo sobre las quejas del gobernador contra el proceder del Congreso local.

El proceso de sanción deviene de que se comprobó que durante la campaña presidencial de El Bronco, en 2018, utilizó a 572 empleados estatales para recabar firmas en apoyo a su candidatura.

Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó al Congreso estatal a sancionar a Rodríguez Calderón y al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, quienes han obtenido suspensiones del proceso, lo que detiene las sanciones que decida el Congreso local, pero no el proceso de sanción.

Aunque la Legislatura estatal tendría que haber definido el castigo a los dos funcionarios a más tardar el pasado 20 de diciembre, el 16 de ese mes votaron para diferir la penalidad hasta que la SCJN defina las controversias interpuestas por el gobernador y el secretario. Sin embargo, tras esta suspensión, el Congreso no tendrá la última palabra.