En términos de costos, el Seguro Popular (SP) gastaba por afiliado un monto similar al erogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con menos atenciones y medicamentos, pocas consultas y servicios hospitalarios, y el resultado era mayor posibilidad de muerte para los pacientes hospitalizados, señaló un grupo de investigadores de la UAM Xochimilco.

En medio del debate sobre el SP y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), profesores-investigadores de la maestría en medicina social y del doctorado en ciencias en salud colectiva de la UAM Xochimilco afirmaron que el ambicioso proyecto del gobierno federal supone un cambio de paradigma hacia la recuperación de lo público y abandona las políticas neoliberales.

Con esta decisión se eliminará la restricción en el tipo de servicios médicos que en los hechos formalizaba la mercantilización y (que) convirtió a la Secretaría de Salud en una aseguradora pública excluyente y discriminatoria, al considerar sólo 294 intervenciones para los sectores de bajos ingresos carentes de seguridad social, obligando a la población a comprar servicios para atenderse, señala el pronunciamiento firmado por los nueve académicos del Sistema Nacional de Investigadores.

Carolina Tetelboin, una de inestigadoras firmantes, sostuvo que el Insabi está abriendo brecha de cómo se retrocede de los procesos neoliberales aplicados en América Latina y cómo se restructura un sistema público de salud desde un pensamiento público, desde el Estado.

Explicó que una de las dificultades que enfrentará el nuevo proyecto es cultural, pues en décadas recientes penetró mucho el tener un seguro individual con el SP, por lo que cambiar a un sistema universal y gratuito es todo un reto.

En entrevista, presentó datos recopilados durante dos décadas que muestran que el SP ni siquiera cumplió con las primeras metas de afiliación y que el gasto por afiliado y sus resultados no fueron positivos.

El gasto por afiliado va de 3 mil 519 pesos que cubre el IMSS a 3 mil destinados al SP, cuando éste atendía paquetes limitados de enfermedades y medicinas y sólo a determinadas personas, de acuerdo con su edad.

Otro punto, citó, es la existencia de discrecionalidad en el uso del dinero. “La razón por la cual los gobernadores –principalmente panistas– no quieren adherirse es porque les impone limitaciones en el uso de los recursos”.