sí eligió la organización Global Witness llamar su informe anual 2019 sobre la persecución y asesinato de defensores ambientales y de la tierra. Cada vez más gobiernos, corporaciones trasnacionales y crimen organizado colaboran, intencionalmente o de facto, para despojar territorios, invadir tierras indígenas y campesinas, desplazar pueblos y comunidades, criminalizar, penalizar y/o asesinar a los defensores de la tierra, en su mayoría de comunidades. En esa trágica lista México está, desde hace años, en los primeros lugares y nada ha cambiado. (https://tinyurl.com/rncf9bd).

Al contrario, aumentan las amenazas y asesinatos –además impunes– de defensores y activistas. En las actividades convocadas por el EZLN en diciembre de 2019 (Combo por la Vida), con participación de 6 mil personas de México y otros 50 países, se sucedieron denuncias sobre violencia, desapariciones forzadas, asesinatos de compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y otros espacios de lucha ambientales en defensa de territorios, contra el patriarcado.

En su 26 aniversario, el primero de enero, el EZLN recordó al gobierno y al mundo que vienen de las peores situaciones de violencia y despojo y que están dispuestos a dar la vida por defender su libertad, dignidad, territorio, la Madre Tierra, como lo vienen haciendo por décadas. Una historia que no es sólo resistencia, sino también es construcción comunitaria permanente que se ha traducido en que sus condiciones de trabajo, salud, alimentación, educación, autonomía, seguridad, justicia y equidad son mucho mejores que en otras comunidades en México y muchas otras partes del mundo.

El mensaje retomó también a Jacinto Canek, quien fue asesinado en la defensa de la tierra y del pueblo maya. Una mención especialmente relevante ante la nueva ola de promoción de proyectos que afectarán gravemente esos territorios, especialmente el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos (https://tinyurl.com/qvob4ew).

No son proyectos nuevos ni del actual gobierno. Éste sólo le dio su formato actual. Son proyectos de larga data, estratégicos para los intereses de Estados Unidos y de las peores trasnacionales extractivas, energéticas y de agronegocios. Los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto los apoyaron, pero no lograron avanzar más por la resistencia continua de pueblos, comunidades y organizaciones.

Ahora, envueltos en paquete nuevo y con sello de desarrollo 4T, acompañados de simulaciones de consulta que han sido cuestionadas por muchas comunidades directamente afectadas y también por Naciones Unidas, el gobierno de López Obrador no oye razones –como tampoco los anteriores–, pero acusa y expone a comunidades que han resistido por años y décadas de ser conservadoras, ultras y radicales.

Además de múltiples fallas en las consultas sobre estos proyectos –y que en el caso del Tren Maya, por ejemplo, sólo participó 2.86 por ciento de la población de los municipios afectados–, el tema de fondo son las preguntas que planteó Samir Flores, opositor asesinado al Proyecto Integral Morelos, y que retomó el EZLN el pasado primero de enero: ¿Qué progreso? ¿Para quién? ¿A quién beneficia? Hay una presunción oficial de que los indígenas no quieren estar donde están y deben ser convertidos al progreso. Un progreso que ya ha significado en otras partes del territorio maya pasar a ser mano de obra disponible, barata y explotada de grandes empresas turísticas, o en el Istmo, víctimas de la violencia, tráficos y contaminación de puertos y carreteras.

Esto no se pone a discusión en ninguna consulta. Los impactos directos, ambientales, de salud y otros, que tampoco se han discutido, son sólo una parte de los efectos en las comunidades y sus culturas. Como resume Heber Uc, del Consejo Indígena de Bacalar, “el Tren Maya es el inicio de una conexión de diferentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos años en la península, como las celdas fotovoltaicas, los parques eólicos, la agroindustria, las megagranjas porcícolas y el llamado turismo verde (…) La especulación de la tierra ya empezó y desde el anuncio del proyecto mucha gente está llegando a la zona para apropiarse de la tierra, y en las orillas de la carretera del tramo de Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos mediante violencia”. (Desinformémonos, Derecho de réplica. Hablan los pueblos. https://tinyurl.com/sha4ups)

En lugar de escuchar qué quieren realmente los pueblos indígenas, el gobierno busca la imposición de los megaproyectos sobre sus territorios por múltiples vías, blandas o duras, con información parcial o falseada, que junto con la propaganda oficial sobre los proyectos que se disemina en todo el país (ahí no parece haber austeridad) va construyendo al mismo tiempo una imagen de enemigos del Estado sobre los pueblos afectados y opositores, que abre cotos de caza y justifica dejar a los que son amenazados o asesinados a su suerte.

Por ello, el CNI, el EZLN, la Asamblea en Resistencia de Amilcingo (Morelos) y muchas organizaciones llaman ahora a las jornadas nacionales e internacionales Samir somos todas y todos, en defensa del territorio y la Madre Tierra, del 20 al 22 de febrero (https://tinyurl.com/qn74o8z). Crece también la oposición en el Istmo: https://elistmoesnuestro.org/. La resistencia colectiva crece y seguirá.

* Investigadora del Grupo ETC