Aunque un tribunal colegiado finalmente rechazó la petición del despacho legal Tojil-Estrategia contra la Impunidad de ser re­conocido como víctima de los actos de corrupción del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, este tipo de iniciativas ya empiezan a visibilizar que los actos deshonestos afectan a la sociedad en su conjunto y no sólo a algunos particulares, afirmó la abogada Estefanía Medina.

Como se ha informado en este diario, Tojil emprendió una campaña para exigir que le fuera reconocida el carácter de víctima de los hechos de corrupción de Duarte, lo que le hubiera permitido tener acceso a todos los documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso y a coadyuvar en la indagatoria.

Aunque en junio pasado un juez de distrito concedió un am­paro a la organización en ese sentido, la FGR se inconformó. Al analizar el tema, el jueves pasado, los magistrados del séptimo tribunal colegiado penal de la Ciudad de México anularon el amparo a Tojil, al considerar que los actos de corrupción de Duarte no la perjudicaban.

Pese a ello, Medina Ruvalcaba –cofundadora de la organización civil–, resaltó el hecho de que una de las magistradas defendiera la idea de que el delito de corrupción afecta a la colectividad en general y no sólo a algunas personas en lo individual.

Su voto particular va a ser muy enriquecedor, porque es abrir un paradigma en el combate a la corrupción. Lo que se necesita en México es resignificar el concepto de víctima y cambiar la visión cuadrada de cómo eran las cosas hace 20 años, recalcó la litigante.

Señaló que una prueba de que este enfoque ha ganado terreno es el hecho de que el sistema judicial de la Ciudad de México sí reconoció el carácter de víctima al despacho Tojil en un caso que involucra a una cadena de farmacias que taló árboles de forma irregular, y no descartó llevar el tema de Javier Duarte ante tribunales ­internacionales.