n días recientes se registró un debate intenso en el campo de la salud pública. Esto debemos aplaudirlo. Lo negativo es que se trata de una discusión polarizante y parcial, a la que le faltan datos y argumentos y en la que sobran prejuicios. En la controversia se pretende ubicar a quienes intervienen, en uno de dos bandos, con el Poder Ejecutivo encabezando una de las facciones y con pocas posibilidades de que la polémica tenga algún efecto en la recomposición de las políticas públicas. Se trata por supuesto de la desaparición del Seguro Popular y del arranque del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

No hay sorpresa en la decisión, ya que se trata del cumplimiento de lo ofrecido durante la campaña electoral de 2018. Sin embargo, lo preocupante es que no se hayan efectuado los estudios requeridos para asumir la decisión, que no se haya convocado a una discusión con expertos y usuarios, que el diseño de la nueva política pública se acompañe primordialmente de descalificaciones al pasado, de falacias y de que se atribuyan las fallas a una corriente del pensamiento (el neoliberalismo) y, sin presentar pruebas, a la corrupción (un cáncer de nuestra sociedad).

Me parece que la discusión debería centrarse en los temas fundamentales de la salud y no en la permanencia o no del Seguro Popular, que no es sino un mecanismo financiero, con logros destacados como el representado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), con 15 años de funcionamiento, con estupendos resultados alcanzados y también con problemas por resolver. En el otro lado de la discusión se ha ubicado al establecimiento o no del Insabi.

En el centro del debate deberían estar el diseño y organización de un Servicio Nacional de Salud que forme parte del Sistema Universal de Seguridad Social; la descentralización y el financiamiento de los servicios de salud; el gran tema de los recursos humanos; las enfermedades de la pobreza, las crónicas y los grandes retos para la salud de los mexicanos; la salud mental y las adicciones; o los problemas de salud de las mujeres, de niñas, niños y jóvenes, de las personas con discapacidad y de los pueblos originarios, por mencionar sólo algunos.

En lugar de hacerlo, parecería que ahora estamos para señalar los supuestos errores y fallas de un modelo con más de tres lustros de existencia, frente a las pretendidas virtudes de un organismo que apenas nace y ya le detectamos numerosas y graves malformaciones congénitas. Con el riesgo de caer en la trampa maniquea, paso a dar algunos datos y a argumentar en consecuencia.

El Seguro Popular, que arrancó con problemas importantes, muchos de los cuales se corrigieron al paso del tiempo, logró incrementar la inversión pública en salud, reducir el gasto de bolsillo de la población y abatir los gastos catastróficos de las familias. Al final de su existencia, contaba con 53 millones de afiliados y con un catálogo de cobertura de 294 servicios y 66 enfermedades graves, al igual que con el FPGC con más de 90 mil millones de pesos para la atención de esos padecimientos, con viabilidad hasta 2025.

Por estas razones y otras más, el pasado mes de agosto seis ex secretarios de Salud del ámbito federal nos dirigimos al Presidente de la República y al Congreso de la Unión, para alertarlos de las consecuencias de desaparecer el Seguro Popular y, en particular, de hacerlo sin los estudios necesarios, sin contar con los mecanismos de sustitución y con la prueba del funcionamiento correcto del Insabi. Se enfatizó lo erróneo de utilizar los recursos del FPGC para fines distintos y de volver la página atrás y regresar a la centralización de los servicios.

La respuesta varió del silencio del Congreso a la descalificación vulgar del secretario del Salud. Ahora, la gente empieza a pagar las consecuencias de una decisión precipitada. Debo decir que esto es sólo una cara del problema, la realidad es más delicada. En la Secretaría de Salud desafortunadamente campean, entre los altos funcionarios, la ineptitud, la ignorancia y la soberbia. Para no reconocer sus fallas, acuden con simpleza a los expedientes de la corrupción, de un supuesto sabotaje, de campañas de de­sorientación y de lo mal que todo estaba.

El desabasto, la carencia de reglas de operación del Insabi o la falta de información, son resultado de los errores, omisiones, ocurrencias y falta de planeación de las autoridades y no de su lucha contra la corrupción (que habría que aplaudir si existiera), del neoliberalismo o de resistencias por la desaparición del Seguro Popular. Lo malo de todo esto es que, de no ponerse remedio pronto, la situación empeorará en los próximos meses y los afectados serán los pacientes y sus familiares.

Como pocas veces, en 2019 fuimos testigos de protestas reiteradas. Basta recordar las de padres de niños con cáncer; las de orden laboral; las de residen­tes, pasantes, internos y directores de institutos nacionales; las de pacientes con VIH-Sida, y la propia renuncia del director general del IMSS. En adición, se ha engañado al Presidente al decirle que faltan 200 mil médicos y otro tanto de enfermeras y que necesitamos la universidad de la salud de la Ciudad de México, instancia improvisada, sin los académicos y las instalaciones necesarias, que sólo generará problemas.

Mienten a la sociedad cuando aseguran que antes de que finalice este año toda la población recibirá servicios gratuitos e integrales en los tres niveles de atención, con todos los medicamentos y procedimientos requeridos. También lo hacen cuando pretenden desconocer los avances en la salud de nuestra población. La realidad es que los servicios están peor que hace 13 meses, que el tiradero lo están haciendo ellos, que no se avanza al sistema nórdico que prometieron y que vamos de regreso a uno superado. La verdad es que, una vez más se les ponchó la llanta. El verdadero problema es que ponen en riesgo la vida de las personas.

Ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud