Tijuana, BC., Las secciones municipales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California acudirán ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar la protección de la justicia ante el aumento de impuestos promovido por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y aprobado por la mayoría de su partido, Morena, en el Congreso local.

Los empresarios se oponen a las alzas a los impuestos sobre nómina (ISN), sobre la venta de gas natural y otros derivados del petróleo, y contra el gravamen al hospedaje en hoteles, moteles y mediante plataformas digitales.

El dirigente del CCE-Mexicali, Rodrigo Llantada, adelantó que el empresariado bajacaliforniano presentará la próxima semana al menos cinco amparos colectivos, y calculó que los recursos individuales podrían sumar unos 400.

A su vez, el presidente del CCE-Tijuana, Gabriel Camarena, consideró que los gravámenes crecieron en Baja California de manera muy acelerada en los seis años recientes y que la iniciativa privada ha cumplido con el pago de contribuciones, pues aporta más de 70 por ciento de todo lo que recauda el gobierno.

Indicó que las cargas fiscales se incrementaron en la entidad en 300 por ciento entre 2013 y 2019, y aseguró que hace seis años se captaron mil 68 millones 646 mil pesos por el ISN, cifra que el año pasado subió a 3 mil 129 millones 450 mil pesos.

Según Camarena, el ISN generó 71.46 por ciento de los ingresos fiscales en 2019, mientras en 2013 representaba casi la mitad, con 49.27 por ciento.

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Baja California, Armando León Ptacnik, exigió a Bonilla Valdez que presente un plan para reducir el gasto de operación del gobierno estatal y le recordó sus compromisos, incumplidos hasta ahora, de combatir a la corrupción, ejercer un gobierno austero y transparente, así como apoyar las actividades empresariales y la creación de empleos.

Ante las críticas por el alza de impuestos, el gobernador acusó a los empresarios de chillar como puercos porque serán ellos quienes los paguen y no el consumidor. Más tarde matizó al decir que su carro tiene reversa, pero para ello debe demostrarse que los gravámenes implican afectaciones para toda la sociedad y no sólo para los empresarios.