La negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar a la Secretaria de Gobernación la información del padrón se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución, el 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley de Protección de Datos Personales, afirmaron ayer consejeros y funcionarios del órgano comicial.

En las tres normas se alude a la protección de los datos personales y a que el Registro Federal Electoral (RFE) no puede comunicarlos ni darlos a conocer salvo que haya una resolución judicial.

En redes sociales y entrevistas para medios de comunicación, los directivos del INE destacaron que tienen la obligación de resguardar celosamente la información de los 90 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral.

Explicaron que pertenece a los ciudadanos y, por tanto, no la pueden transferir masivamente sin el consentimiento de ca-da persona.

René Miranda, director del RFE, insistió en que la Constitución y la Ley Federal de Protección de Datos Personales obliga al instituto a resguardar los datos personales que le dan los mexicanos. Entre ellos, las huellas dactilares y el rostro de las personas.

Esa información no se entrega a nadie. Ni a partidos políticos ni instituciones financieras o dependencias públicas, añadió, al explicar que los convenios firmados para la identificación de personas establecen que el INE recibe los datos, busca en su base y sólo confirma o rechaza la coincidencia de los mismos.

La posición del órgano electoral fue apoyada por PAN y PRD durante la sesión del Consejo General del INE del pasado miércoles.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, expuso que la información de los ciudadanos debe ser resguardada por el INE, al considerar que tiene fines electorales la intención gubernamental de obtener la base de datos del padrón.

Peligro para la democracia

La diputada perredista María Guadalupe Almaguer calificó como muy grave y peligroso para el avance democrático que se entregue al gobierno esa información. Recordó que en el pasado, la administración federal le dio un uso político.

La Secretaría de Gobernación ha señalado que requiere los datos para emitir la cédula de identidad.