l 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.

Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.

En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.

Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.

La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.