in lugar a dudas, desde el punto de vista macroeconómico una de las variables de las que más se hace seguimiento es el denominado déficit fiscal, que en términos sencillos es la diferencia entre los ingresos que percibe un Estado menos sus gastos efectuados en una gestión.

En el pasado de la economía boliviana no era extraño que este indicador fuera negativo, vale decir que los gastos (tanto de inversión pública como gasto corriente) superen a los ingresos. Tuvieron que pasar muchos años y la aplicación del modelo económico social comunitario productivo que desplazó en 2006 al viejo modelo neoliberal, para poder observar primero un superávit y segundo verlo por ocho años seguidos, como se logró entre los años 2006 y 2013, es decir durante todos estos ocho años los ingresos superaron a los egresos del Estado. En 2005 fue el superávit más alto con 4.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Evidentemente, desde 2014 se observan déficits fiscales que han generado polémica entre analistas y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo rescatable de esta situación es que, contrariamente con lo que sucedía durante el periodo neoliberal, ese déficit se debía fundamentalmente a una mayor inversión pública (construcción de carreteras, puentes, teleférico, satélite, proyectos productivos y empresas públicas, entre otros) que gasto corriente (pagos por compra de bienes y servicios para el Estado, sueldos y salarios, rentas, etcétera). Sin embargo, durante todo este periodo se observa una tendencia creciente en la recaudación de impuestos y en la renta aduanera, que cubrían en su totalidad los gastos corrientes y cuyo excedente se dirigía a financiar gran parte de la inversión pública.

Esta situación es muy importante subrayarla porque un déficit de esta naturaleza, es decir que proviene de una mayor inversión pública antes que de un incremento insostenible de gasto corriente, es temporal y únicamente dura hasta en tanto y en cuanto se efectúa la inversión correspondiente.

El año 2018 fue la excepción, por lo que el Ministerio de Economía extremó esfuerzos para reducir el déficit en la gestión de 2019. En efecto, en la última reunión celebrada del Grupo Macro que me tocó presidir el 8 de noviembre del año pasado, el resultado observado del déficit fiscal del sector público al 5 de noviembre de ese año fue muy auspicioso, pues apenas llegó a 5.1 por ciento del PIB muy inferior al 8.1 por ciento observado en 2018. La estrategia utilizada para ello se fundamentó básicamente en controlar el gasto corriente, pero de ninguna manera en reducir la inversión pública la cual tiene un efecto favorable importante en el crecimiento económico del país.

El gobierno de facto heredó, por tanto, cifras con tendencias muy favorables para la macroeconomía del país y las cuentas fiscales, en las que se registraba la reversión de la tendencia al aumento de déficit fiscal, mostrando la inflexión de la misma hacia un déficit menor al registrado en 2018, aspecto que una vez más demuestra el sesgo exclusivamente político cuando se hace referencia a un supuesto derroche de recursos estatales durante la administración de Evo Morales.

A esta altura, la gran pregunta es ¿cómo estará el déficit fiscal al cierre de 2019? Por todo lo mencionado en un artículo anterior, especialmente al incremento de gastos no programados, es de esperarse que el déficit registrado al 5 de noviembre sea más alto, no sólo porque no se hizo todo lo posible por aumentar los ingresos tributarios, sino porque, al contrario, se relajó la recaudación para pagar facturas políticas, además también se relajaron otros ingresos en detrimento de los intereses públicos.

Por tanto, nada raro sería que en los próximos meses se tomen medidas para continuar pagando facturas con perdones tributarios, condonaciones, reprogramaciones y otros relativos a impuestos y aranceles. En la línea claramente neoliberal que quieren ocultar a la población.

Adicionalmente, la política que dio resultado en reducir el déficit fue el recorte del gasto corriente, no de la inversión pública. Pero por los indicadores monetarios y la ralentización de la economía en los meses recientes, se puede inferir que, bajo este gobierno de facto, se redujo la inversión pública, aspecto que lesiona varios sectores afectando el ritmo del crecimiento económico del país, porque les guste o no, está comprobado econométricamente la incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico boliviano.

En consecuencia, si este gobierno decide reducir la inversión pública para equilibrar sus finanzas, no habrá el crecimiento económico necesario.

* Ex ministro de Economía del gobierno del presidente boliviano Evo Morales