Buenos Aires. El canciller argentino, Felipe Solá, anunció ayer que el gobierno de Estados Unidos decidió no aumentar 25 por ciento los aranceles a acero y aluminio como advirtió el presidente Donald Trump antes de que Alberto Fernández asumiera el gobierno, y consideró que esto sucede después de haber defendido la posición argentina y explicar la situación actual.

Solá expresó que es una excelente noticia para el país que todo siga como está y que no nos sancionen con 25 por ciento de aranceles de ingreso a Estados Unidos en acero y aluminio, y sostuvo que se enteraron el pasado viernes, cuando la administración Trump publicó la lista de países que serían sancionados, en la cual no figuró Argentina, al destacar el trabajo realizado por la embajada de este país en Estados Unidos.

El embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, coordina además a los representantes argentinos ante todos los organismos e instancias bilaterales, multilaterales, financieras y de crédito para evitar cualquier cortocircuito al momento de fijar posiciones sobre temas álgidos y asuntos estratégicos.

En su momento se pensó que alguien del entorno de Trump había aconsejado la subida de aranceles para hacer más difícil la situación al presidente Fernández, que de hecho –y como lo admitían algunos periodistas e importantes centros de poder estadunidenses– ya sabía que iba a encontrar un país al borde de la cesación de pagos y en una situación similar en muchos aspectos a lo que sucedió en 2001 con la crisis más grave de la historia nacional.

Todo esto sucede cuando el gobierno está en negociaciones de la multimillonaria deuda que contrajo el gobierno de su antecesor Mauricio Macri, y cuando el ministro de Economía, Martín Guzman, se prepara para viajar a Estados Unidos a restructurar esa deuda que se considera insostenible e insustentable.

Esto sucede cuando ha comenzado a descorrerse el velo de la verdad sobre lo actuado durante el gobierno de Macri que dejó tierra arrasada vaciando los ministerios. Uno de los casos que indignó a la población fue que el actual ministro de Salud, Ginés Gonzales García, descubrió una partida de millones de vacunas contra el sarampión en contenedores prácticamente olvidados, porque el gobierno de Macri no quiso pagar los impuestos de aduana, mientras aquí existía una epidemia de esa enfermedad.

Esto, entre otros hechos graves del macrismo. Por ejemplo, también vaciaron el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la caja de los jubilados en la Administración Nacional de Seguridad social, para pagar su campaña política y hacer frente a otras deudas, cuando el gobierno de la ex presidente y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había dejado todo en orden.

Se conoció que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la fiscal Cristina Caamaño, decidió la subasta de una camioneta especial Grand Cherokee ultra –blindada, a la que llamaban La Bestia, como la que usa Trump–, comprada en 2016 con dinero de ese organismo, y otra similar, además de cuatro automóviles más de alto blindaje y otros 69 de altísimo costo y mantenimiento, lo que se utilizó en especial para el espionaje ilegal.

“El manejo de los vehículos del espionaje exhibe el estilo macrista de utilización del Estado: fabulosas cifras gastadas para mostrarse, privilegios insólitos, uso de dinero sin control alguno, horarios de oficina y todo al servicio de los intereses propios, en este caso la persecución de opositores. La Bestia pasó a ser usada por el amigo del presidente y entonces titular de la central de espías, Gustavo Arribas”, señala Página/12.

Esto es más sensible aún cuando hay presos un ex vicepresidente, como Amado Boudou, y otros ex funcionarios, por causas sin sustento de pruebas y prisiones preventivas totalmente ilegales y cuando se descubren una cantidad de documentos que indican cómo trabajaba la justicia, con fiscales y jueces que violaron todas las normas constitucionales y jurídicas.