l movimiento feminista está tomando fuerza en el mundo entero. Una nueva generación de mujeres cada vez más empoderadas e interconectadas exige el fin definitivo del patriarcado, así como la eliminación de cualquier forma de discriminación o violencia de género.
En este contexto, la UNAM se ha colocado a la vanguardia durante la gestión del rector Enrique Graue. En 2016, en el marco de la adhesión a la plataforma global HeForShe de la ONU, la casa de estudios inauguró su Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género. Este protocolo cumple con los más altos estándares internacionales y colocó a la universidad como líder en la materia en todo el país.
Los resultados fueron inmediatos. Al año de su implementación ya se había aumentado en mil por ciento el número de quejas presentadas en materia de violencia de género. Desde entonces, se ha incrementado de manera constante tanto la cantidad de denuncias como la conciencia de la comunidad universitaria alrededor de esta grave problemática.
En 2018 la Rectoría fue más lejos e instaló una Mesa de Atención en Asuntos de Género para consolidar la política universitaria. Este amplio proceso de consulta y participación generó reformas al protocolo para que la denuncia y la resolución de los casos sean aún más flexibles y efectivas.
Durante los primeros tres años de vigencia del protocolo han sido suspendidos 90 y expulsados 18 estudiantes, así como sancionados 159 académicos y 99 trabajadores administrativos. Un total de 74 empleados de la universidad han tenido sus contratos rescindidos debido a su responsabilidad en alguna agresión de género.
Es totalmente falso que haya una impunidad generalizada o una falta de apoyo de las autoridades universitarias. Tanto el rector Graue como la abogada general, Mónica González, han demostrado un compromiso irrestricto desde el primer día, tal como consta en la página de Internet especializada en el tema (https://igualdaddegenero.unam.mx/).
Ahora bien, uno de los pendientes para seguir avanzando es el fortalecimiento de la atención directa a las diferentes comunidades escolares en la materia. Si bien la Unidad para la Atención de Denuncias y la Defensoría de los Derechos Universitarios brindan apoyo constante desde las oficinas centrales, no hay oficinas equivalentes en cada plantel y las víctimas normalmente terminan acudiendo a sus oficinas jurídicas correspondientes, las cuales muchas veces carecen de conocimiento y personal especializados.
Esta problemática fue el caldo de cultivo para las recientes tomas de instalaciones en la Facultad de Filosofía y Letras y las Preparatorias 7 y 9, donde las paristas exigen mejor atención a este delicado tema dentro de sus propios planteles.
Las autoridades respondieron inmediatamente y han trazado una ruta para establecer nuevas Unidades de Atención a la Violencia de Género en todas las entidades académicas. También habrá reformas al Estatuto General para incorporar la violencia de género como falta grave y al Estatuto de la Defensoría para ampliar sus facultades y competencias en la materia. Adicionalmente, se implementarán talleres de prevención de violencia de género en toda la universidad y una amplia batería de nuevos cursos con valor curricular sobre la perspectiva de género para todos los estudiantes.
Con estas acciones se fortalece el marco jurídico y se consolida la política institucional en favor de la igualdad de género. La victoria para la causa feminista ha sido contundente y la UNAM consolida su liderazgo en la materia a nivel nacional e internacional.
El siguiente paso es la implementación práctica de estas reformas, algo que lógicamente depende de que se abran todos los planteles de la universidad.
Si no hay vida académica no hay comunidad universitaria, y si no hay comunidad no hay posibilidad alguna de construir la convivencia segura, pacífica y sana que todos buscamos. Y sin clases no se puede formar la nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con la igualdad de género que tanto requiere la nación.
Mantener cerradas las instalaciones ya no favorece la causa de las mujeres, sino que la perjudica.
Si los pequeños grupos que hoy mantienen cerrados tres planteles no permiten que arranque el semestre 2020-2, que hoy 27 de enero tendría que iniciar en todas las entidades académicas, las paristas demostrarán que su verdadero propósito no es la defensa de los derechos de las mujeres, sino el debilitamiento de la universidad de la nación.
Flaco favor le hacen a su propia causa permitiendo ser utilizadas por actores externos que desde hace décadas han querido dañar a esta institución autónoma clave del Estado mexicano, estandarte de la educación pública, gratuita y laica.
Las comunidades académicas de los planteles tomados ya no pueden permitirse el lujo de mantenerse al margen. Ha llegado la hora para hacer valer su voz a favor del reinicio de las actividades escolares para poder avanzar en la agenda de género y cumplir con los compromisos de las autoridades.
