El incremento y complejidad del delito de extorsión en el país, que en 2018 sumó 5 millones 700 mil casos, según resultados de la Encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública (Envipe) de 2019, dio pie en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a una iniciativa de Morena para adicionar el Código Penal Federal con la perspectiva de duplicar el castigo a los delincuentes cuando los afectados sean embarazadas, adultos mayores y personas con afecciones cardiacas.

El senador de Morena Alejandro Peña caracterizó la extorsión en México como práctica en la que convergen desde una autoridad de cualquier orden de gobierno, un delincuente que se encuentra en un centro de readaptación social, un integrante de algún grupo de crimen organizado o cualquier otra persona.

La Envipe concluye que de los 5.7 millones de casos de extorsión, se desprende una tasa de 6 mil 542 por cada 100 mil habitantes, siendo 91.6 por ciento por vía telefónica. Existen dos tipos de extorsiones, indirecta y directa:

En la primera se informa que la persona ganó un premio; se reproduce la grabación de un supuesto familiar pidiendo ayuda; se avisa de un familiar proveniente del extranjero detenido; se amenaza de muerte o secuestro; se anuncia un amago de supuestos funcionarios federales; el delincuente se hace pasar por autoridad federal y dice que tiene detenido a un familiar, o se identifica como trabajador de una institución bancaria.

En la extorsión directa, el criminal se presenta en el domicilio o establecimiento de la posible víctima para amenazarlo.

Al respecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer recientemente que el número total de denuncias de las personas que denunciaron ser víctimas de este delito en los pasados cinco años fue: 2019 (7 mil 942), 2018 (6 mil 606), 2017 (5 mil 947), 2016 (5 mil 395 ) y 2015 (5 mil 277).

Con la extorsión –que se describe como suceso traumático, experiencia negativa que de forma brusca, inesperada e incontrolable surge y que pone en peligro la integridad física o sicológica de una persona y ante el cual la víctima reacciona con temor, desesperanza u horror intenso– se suscitan en las víctimas sentimientos de miedo y angustia, afectando las relaciones con sus familiares y amigos.

Es así como ser víctima de una extorsión despierta en las personas emociones negativas, las cuales traen consigo consecuencias graves en la salud de las personas y más en grupos vulnerables como embarazadas, adultos mayores y personas con problemas cardiovasculares, expresó.

En el supuesto de una mujer gestante, entrar en un estado de estrés y angustia, afecta al bebé durante su desarrollo, causándole trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, ansiedad en niños y en el peor de los casos, ocasionar un aborto.

También en una persona con una afecciones arteriales, al aumentar la frecuencia cardiaca o la presión arterial en poco tiempo, se ocasionará inestabilidad en la arteria, situación que provocará que ésta se rompa, generando eventos como los infartos agudos de miocardio, las embolias cerebrales o las enfermedades de extremidades periféricas.

Por lo anterior, la propuesta de adición al artículo 390 del Código Penal Federal incluye que si el delito se cometiera en contra de una mujer embarazada, una persona mayor de 65 años y personas con enfermedades cardiovasculares, las penas de prisión y de multa se duplicarán.