Estado de derecho y justicia
no de los grandes avances de la humanidad fue la desaparición del poder absoluto, lo que permitió el desarrollo de las libertades que hoy gozamos. Hasta la Edad Media el gobernante no tenía límites, como lo señaló el rey francés Luis XVI en la frase: El Estado soy yo
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Los límites al poder totalitario se iniciaron en Inglaterra en 1689 con la Revolución Gloriosa y 100 años después se repitieron con la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos, movimientos en los que se generaron contrapesos a través de la división de poderes, lo que dio pie al desarrollo del estado de derecho.
El equilibrio entre tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha permitido a la sociedad frenar los abusos de gobernantes, ampliar las libertades y el derecho de propiedad, que son la base de la sociedad moderna.
Por ello, ahora que se planean cambios al sistema de justicia penal, conviene escuchar las voces de los expertos. Uno de ellos es Gustavo Javier Olvera Herrera, secretario general del Instituto Internacional de Derecho Financiero, quien expresa su preocupación por las iniciativas que pretenden enviarse a la Cámara de Senadores.
Según Olvera, los documentos que circulan sin carácter oficial reducen atribuciones a los jueces en materia penal, afectan la división de poderes y contemplan medidas cautelares cuestionables que representan un retroceso grave en la impartición de justicia.
Para el Instituto Internacional de Derecho Financiero y sus miembros, es importante abrir la discusión a la sociedad y realizar un profundo análisis de las disposiciones contenidas en la propuesta de reforma penal, ya que el avance de la criminalidad y la exasperación social irán en aumento sin una profunda reflexión sobre dichas disposiciones. Vale la pena escuchar esta voz, porque el Instituto Internacional de Derecho Financiero, miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional, ha colaborado en el desarrollo del sistema jurídico mexicano desde hace más de 18 años.
Estamos convencidos de que al gobierno le interesa incorporar todas las voces en temas tan relevantes como es la reforma al sistema de justicia penal mexicano, proceso que generará certidumbre jurídica para estimular la inversión en México.
