Mexicali, BC., Un mes después de haber sido nombrada la primera titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en la entidad, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral renunció por carecer de infraestructura, recursos y personal para realizar esa encomienda constitucional, según explicó la dimitente en una carta enviada al presidente del Congreso local, el morenista Víctor Manuel Morán Hernández.

En su texto, con fecha 29 de enero, Ojeda Mayoral señala: A pesar de que recibí apoyo, simpatías y promesas, crear la infraestructura, reclutar personal técnico y administrativo ha sido una tarea agotadora, sin que hasta ahora se vislumbre a corto plazo la posibilidad de iniciar las actividades propias de la fiscalía, agrega en su carta de renuncia.

Ojeda Mayoral refirió las vicisitudes por las que atravesó para echar a andar desde cero a este organismo autónomo en su corto periodo al frente, sólo para percatarse de la precaria situación patrimonial para levantar desde sus cimientos esa institución.

Durante los 40 días que laboró en esta entidad pública, Ojeda deambuló por los cinco municipios de la entidad con la fiscalía bajo el brazo y con un abogado asistente, ya que careció de oficina propia.

En Baja California, a diferencia del ámbito federal, la fiscalía anticorrupción es un organismo autónomo, sin vínculos con la Fiscalía General del Estado, aunque en la reforma constitucional se omitió dotarla de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Designada el 20 de diciembre de 2019 con el voto de los 23 legisladores presentes en la sesión en la sala Benito Juárez, la abogada Elizabeth Ojeda resultó elegida de entre una terna que envió el gobernador Jaime Bonilla, la cual estuvo integrada también por Humberto Valdez Ramos, quien obtuvo un voto, y Javier Enrique Sánchez Serrano, quien no consiguió sufragio alguno. Hubo un voto nulo.

Esa fiscalía especializada es la responsable de investigar delitos cometidos por servidores públicos; le corresponde integrar las carpetas de investigación de las denuncias por corrupción presentadas contra el ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y al menos seis ex integrantes de su gabinete.

Una de esas denuncias es por un quebranto patrimonial de mil 200 millones de pesos por el uso de facturas falsas en contratos fantasma con empresas inexistentes, recursos que además se convirtieron en deuda pública por empréstitos con bancos comerciales, de acuerdo con el recurso presentado por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

En su misiva, la ahora ex fiscal consideró que primero se debe crear la fiscalía y después nombrar al fiscal. Manifestó que presentó su renuncia irrevocable para no quedar mal con el gobernador Jaime Bonilla ni con el Poder Legislativo.

Agregó que desde otras trincheras continuará apoyando la lucha contra la corrupción en el estado.

(Con información de La Jornada Baja California)